El 30 de diciembre de 2020 se aprobó en la Argentina la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta las semana 14 (inclusive) y fuera del plazo definido para los casos de violación o cuando estuviera en riesgo la salud de la mujer. ¿Qué ocurrió en el país desde entonces con la implementación de la ley?
Según los datos del Ministerio de Salud, en el sistema público de salud se registraron 25.894 interrupciones del embarazo en los primeros 6 meses de 2021. Son los primeros datos disponibles sobre la práctica luego de su legalización.
La distribución por provincias de la cantidad de abortos es desigual. Si se considera la cantidad de mujeres en edad fértil por provincia, el mayor número de abortos se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 5,6 cada mil mujeres (4.329 en total), seguida por Tierra del Fuego, donde fue de 4,2.
Entre las provincias donde menos abortos se notificaron se encuentran Corrientes, Formosa y Misiones, con 0,6 cada mil mujeres.
Sin embargo, los datos deben analizarse con algunos cuidados. “Primero, estos son datos sólo del sector público, o sea que no incluyen lo que ocurre en las obras sociales o las prepagas”, señaló a Chequeado Silvina Ramos, investigadora del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (Cedes) y una de las autoras del informe del Proyecto Mirar, que monitorea la implementación de la ley.
Además, explicó, son datos de sólo 6 meses, que no permiten evaluar el comportamiento de la población y todavía hay deficiencias en el sistema de reporte que pueden generar un subregistro. “En muchas provincias no hay buenos sistemas de registro. Sólo la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires tienen buenos sistemas para sistematizar y difundir la información”.
Sobre este punto, Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, explicó que se está desarrollando el sistema para el registro de abortos que permita hacer un seguimiento continuo y que esperan tenerlo funcionando en febrero o marzo de 2022.
La entrega de misoprostol, otro de los indicadores
Otro indicador que puede ayudar a entender el acceso a la práctica, es la cantidad de misoprostol que se distribuye, dado que es uno de los medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la realización de abortos seguros.
La entrega de este medicamento por parte del Gobierno nacional creció este último año: pasó de 18.590 durante todo 2020 a 18.820 sólo en el primer semestre de 2021. A estas entregas se le deben agregar las compras que las propias provincias pueden realizar, como es el caso de Santa Fe que se abastece a través del Laboratorio Industrial Farmacéutico de la Provincia.
El informe Mirar señala sobre esto que “el salto cualitativo en las cantidades de tratamiento de misoprostol distribuidos por el Ministerio de Salud de la Nación refleja la voluntad política de generar condiciones de ampliación de acceso y calidad de atención, así como la fuerza y el apoyo que da la legalidad”.
Por otra parte, los llamados al número 0800 implementado por el Ministerio de Salud para responder a consultas y guiar en el proceso, también aumentaron de manera significativa a partir de la aprobación de la ley.
Los desafíos: falta de información y barreras de acceso
Desde el Ministerio de Salud, Isla señaló que aún quedan desafíos en la implementación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. “Hay que avanzar en que haya más equipos en la salud primaria que los realicen”, señaló.
Según los datos disponibles del Ministerio de Salud, hay 1.200 equipos que realizan la práctica en todo el país que están distribuidos de manera desigual. Mientras en Santa Fe hay 146, en San Juan y Corrientes hay únicamente 5.
“Hay localidades en las que no hay efectores y las mujeres tienen que recorrer cientos de kilómetros para poder acceder”, explicó a Chequeado Lucila Galkin, Directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional.
Y agregó: “Es el caso de Andalgalá, en Catamarca, donde las personas tienen que irse hasta San Fernando del Valle de Catamarca, a 185 km. Esto implica un viaje de 3 horas y media, dadas las condiciones geográficas propias del territorio, para llegar al único hospital garante de la interrupción voluntaria y legal del embarazo. A eso se suma que -sobre todo en las ciudades más chicas- las mujeres tienen miedo de que se viole la confidencialidad del procedimiento. Y lo que terminamos viendo es que muchas acuden a vías alternativas y a organizaciones de la sociedad civil, en vez de ir al servicio público”.
Otro punto que señalan las especialistas como una tarea pendiente son las campañas públicas de información. “Hace falta todavía hacer campañas de difusión masiva”, señaló Isla. En esa línea, Ramos explicó que “falta mucha información, no se han hecho campañas y es posible que muchas mujeres no sepan que tienen este derecho”.
“El principal obstáculo al año de vigencia de la ley es la falta de campañas. En las entrevistas que hicimos vimos que hay mucha desesperación de las mujeres que no saben a dónde acudir”, señaló Galkin.
“Aún existen muchos rincones del país en donde las mujeres desconocen a qué hay derecho, en qué condiciones, dónde acceder a la prestación, su gratuidad, quiénes están obligados a garantizarlo y en dónde se pueden realizar reclamos ante dilaciones o barreras en el acceso”, detallaron desde Amnistía Internacional.
Por otro lado, Isla remarcó la importancia de fortalecer y “seguir manteniendo los planes de prevención y el acceso a métodos anticonceptivos” como lo prevé la ley.
