En las últimas horas, la hoy senadora por Mendoza Mariana Juri, junto a otros legisladores de la UCR llevó a la Casa Rosada un borrador de la reforma laboral que reemplazará el capítulo del DNU que quedó frenado por la Justicia. Los recibe el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, desde las las 16.30. Según el portl Infobae, el oficialismo se habría comprometido a incluir el proyecto en el nuevo dictamen de la Ley Bases.
Si bien la iniciativa radical no fue negociada con los otros bloques “dialoguistas” (PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal), en el radicalismo descuentan que existe un amplio consenso para avanzar con los trazos gruesos de la reforma. No obstante, esperan que durante el debate en comisión haya varias modificaciones y agregados.
Uno de los puntos principales por su impacto político será la eliminación de las contribuciones solidarias a los sindicatos, ya que recrudecerá la disputa con los gremios porque corta una de sus principales vías de financiamiento. La legislación vigente permite que en los convenios colectivos se incluya una cuota extra tanto para afiliados como para no afiliados. El proyecto radical los prohíbe por completo. “No es verdaderamente solidaria porque se incluye en los convenios colectivos y los trabajadores no pueden elegir no pagarla”, explicaron desde la bancada que conduce Rodrigo de Loredo. Este punto no estaba en el DNU 70, es aporte nuevo del radicalismo que se basa en una iniciativa ya presentada por el diputado nacional Luis Picat.
Por otro lado, la UCR propone la derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral (ley 24.013, ley 25.013 y ley 25.323) y una fuerte reducción de las multas por trabajo no registrado para calcular las indemnizaciones. Estas habían sido directamente eliminadas en el DNU de Milei pero se optó por reducirlas para garantizar consensos más amplios, especialmente en el Senado.
A modo de ejemplo, explicaron que aplicando las multas vigentes un despido con un sueldo de $500 mil brutos puede terminar en una indemnización de $5 millones. Mientras que con la reducción de multas rondaría los $1.5 millones.
Para el radicalismo, los agravamientos de las multas han mostrado ser poco efectivos ya que la tasa de trabajo no registrado se ha ido incrementando en las últimas décadas, principalmente porque no se aplican en la mayoría de los casos. En ese sentido, optaron por “desincentivar” la industria del juicio laboral para garantizar certidumbre a las empresas.
La reducción de multas no incluye a la AFIP, que puede agravar hasta seis veces el monto adeudado en contribuciones patronales.
Al mismo tiempo, el proyecto pone un fuerte énfasis en los incentivos positivos para que la registración sea más fácil. Una medida central en este sentido será la reducción del costo de poner a un empleado en blanco.
Para eso se establecerá un mínimo imponible a las contribuciones patronales equivalente a un salario mínimo para los primeros cinco empleados. Es decir, una pyme o micropyme con cinco empleados que cobren el equivalente al salario mínimo no pagaría contribuciones. Si estos cinco empleados tuvieran sueldos más altos, solo se pagaría sobre el excedente (Si el salario mínimo es de $202.000 y el empleado cobrara $302.000, la contribución sólo sería sobre los $100.000 excedentes). Esta medida tendrá un gran impacto sobre las pequeñas empresas pero será insignificante para las grandes compañías.
También se declarará la educación como servicio estratégico y esencial para garantizar el derecho de todos los alumnos al tiempo que se respeta el derecho a huelga. Los establecimientos educativos deberán estar siempre abiertos, incluso los días de paro, al igual que los servicios de alimentación.
A su vez, los días de paro se tendrá que garantizar la presencia de la nómina de personal docente y no docente de forma incremental: ante un paro de 24 horas, deberá presentarse el 30% de la dotación; con un paro de 48 horas, el 50%; para una medida de más de 5 días, el 75% de la dotación.
El proyecto del radicalismo amplía el período de prueba de tres a seis meses y también admite tres opciones relacionadas con el cese laboral. Además del sistema de indemnizaciones vigente, se podrá establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración). También se habilitará la opción de contratar un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización. La última opción está pensada para las empresas que tengan poca rotación de empleados y no obtengan beneficios del fondo de cese laboral.
También se agravarán las penas hasta un 100% para proteger contra el despido por discriminación, es decir los que sucedieron por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política.
Finalmente, al igual que el DNU de Milei, el radicalismo propone implementar un sistema simplificado y electrónico para la registración laboral, “asegurando eficiencia y simplificación de los trámites”.
“Necesitamos que las condiciones de nuestro país cambien y que una #ReformaLaboral acompañe las nuevas tendencias para que haya más empleo formal en la Argentina”, dijo la propia Juri en sus redes sociales.
