Mientras estas líneas se escriben, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabeza el recibimiento de las fuerzas federales a la ciudad de Rosario, en medio de la escalada de violencia narco de las últimas horas.
El anuncio había sido realizado más temprano por su par de Defensa, el mendocino Luis Petri. “Han logrado sembrar el terror y los vamos a enfrentar con toda las fuerzas”, indicó Bullrich en declaraciones televisivas.
Sin embargo, lo que no se cuenta es que entre los uniformados impera un fuerte malestar y una importante inquietud por la situación de tener que verse involucrados en la guerra contra el narco terrorismo que azota la emblemática ciudad.
Nunca les gustó, y menos ahora que el escenario está cada vez peor y porque la situación salarial y laboral no es buena entre los uniformados.
Según pudo saber diario Clarín de muy altas fuentes, hubo un planteo de varios generales a Petri y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac, de que no quieren a ninguno de sus uniformados tocando a “a un solo civil” en Rosario ante el inminente envió de efectivos y equipamiento militar a Santa Fe para luchar contra las bandas criminales.
Al momento el articulo 27 de la Ley de Seguridad Interior indica que el Ministerio de Defensa “dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis, que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación o solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como elementos de ingenieros y comunicaciones”. Será el Estado Mayor Conjunto el que coordine esta decisión.
Sin embargo, a los militares de la democracia no les gusta que los involucren en el accionar de las fuerzas de seguridad, e incluso no están preparados para muchos de los operativos en los que la PFA, la Gendarmería o fuerzas especiales de Seguridad son expertos. Pero además, no quieren disparar un solo tiro hacia los criminales y tampoco que sus efectivos se conviertan en blanco de los mismos.
