Este lunes, ATE volvió a participar del debate en comisiones legislativas, en el marco del conjunto de proyectos que buscan reformar el sistema sanitario provincial. Y, mediante un comunicado, expresaron que “el ámbito paritario es el lugar democrático donde se tratan las cuestiones inherentes a cualquier modificación de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector.
En la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza, Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza planteó: “Con la Emergencia Sanitaria quieren eliminar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) del Régimen 15 (Ley 9068), que ATE creó para los trabajadores no profesionales de la Salud. Así, pretenden cercenar la estabilidad laboral, con cambios de funciones, lugares de trabajo, entre otros aspectos, a voluntad de la jefa de Recursos Humanos de un ministerio”, y alertó que “es una locura desmembrar el sistema sanitario y eliminar la estabilidad laboral de los trabajadores. Por otro lado, quieren que el sector privado ocupe los cargos del sector estatal. Eso es una clara privatización de la Salud Pública”.
En referencia a la Ley de Radiólogos, la cual establece una licencia especial para los profesionales que se exponen a rayos ionizantes, de 30 días cada 5 meses de trabajo, ATE destacó. “Esto se tiene que seguir aplicando, porque ese lapso es lo que genera que un trabajador radiólogo pueda recuperarse, frente a la cantidad de rayos a los que se somete. Más ahora, que el 15% de la población mendocina ha dejado de tener obras sociales y mutuales, para pasar a atenderse en el sistema público. Por ende, la demanda de radiología, tomografía y toda la aparatología que tiene rayos ionizantes, es mucho más alta. El trabajador tiene que contar con la recuperación necesaria, a través de las licencias que están reglamentadas por Ley, que el Gobierno pretende eliminar”.
En relación al tradicional mecanismo de recupero de fondos, que es la dinero que cobra el Ministerio de Salud a las obras sociales, ART, mutuales, prepagas, consulados, seguros, entre otros, por prestar atención sanitaria a personas que cuentan con estos servicios, Roberto Macho explicó que “el Poder Ejecutivo pretende crear una unidad privada que, si bien sería estatal, contaría con abogados privados. El 40% del dinero que ingresa a esa unidad organizativa se tiene que repartir entre los trabajadores, porque así está contemplado por Ley. Los trabajadores ya lo vienen percibiendo en sus bonos de sueldo, con los respectivos aportes de jubilación y obra social. El Gobierno quiere eliminar esto porque, en definitiva, pretende hacer un recorte salarial a los trabajadores de la Salud, para entregárselo a un grupo de abogados amigos del poder de turno. No lo vamos a permitir”.
Por su parte, Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE y CTA Autónoma Mendoza, indicó que “con este conjunto de 26 proyectos, el Poder Ejecutivo coarta la posibilidad de elegir a su defensor a las personas con discapacidad; no contemplan a la Ley de Salud Mental, que es fundamental para los trabajadores como para la sociedad mendocina en general; mientras sobre los Licenciados en Enfermería, atentan contra sus funciones, condiciones laborales y salariales, quedando relegados a la voluntad y decisión del Gobierno. Esto es vulnerar CCT y normas internacionales. Frente a esto, planteamos que las reformas deben discutirse en el ámbito paritario. No imponerse de manera autoritaria y unilateral, al estilo mileísta”.
Para concluir, el secretario general de ATE Mendoza advirtió que “si estos proyectos no llegan a discutirse en el ámbito paritario, ya que el Poder Legislativo ocupará el lugar del Poder Ejecutivo, se van a terminar judicializando. Y ya sabemos cómo termina eso. Si bien vamos a movilizarnos y a estar presentes en las calles, hay que respetar las instituciones y los ámbitos democráticos de negociación colectiva”.
