Mientras Guillermo Francos niega “una guerra con el interior”, los gobernadores decidieron ir a la justicia

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró este viernes que “no hay una guerra con el interior” y que la eliminación de los subsidios del transporte a las provincias no guarda relación con la caída de la Ley Bases, al tiempo que diversos funcionarios de los gobiernos provinciales y municipios anticiparon que judicializarán la medida, que estiman que traerá como consecuencia un boleto de colectivo de más de mil pesos.

“No hay una guerra con el interior. Hay una organización de los recursos púbicos que corresponde legalmente. Desde el Pacto Fiscal de 2017 y 2018 quedó claro que el transporte provincial era una responsabilidad de las provincias“, manifestó Francos a radio Mitre al referirse a la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público del Interior del País que fue anunciada este jueves por la Secretaría de Transporte.

Según el ministro, el Fondo Compensador era un “fondo Covid creado en 2020 para ayudar al transporte”, en alusión a la pandemia de coronavirus que se extendió por algo más de dos años.

“El Covid pasó pero el fondo se mantuvo como siempre pasa en Argentina. Lo que hace el Gobierno es decir que, si este pacto fiscal está vigente, este fondo desaparece, no existe. No hay ya un fondo Covid”, señaló Francos.

El funcionario remarcó que “no es una consecuencia” ni de la caída en el Congreso de la Ley Bases ni del “inicio de una confrontación con las provincias”.

Por otro lado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró en conferencia de prensa que el transporte provincial es una “facultad no delegada a la Nación” a diferencia de las líneas interjurisdiccionales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que continuarán con subsidios “hasta que avance la puesta en funcionamiento de la Autoridad Metropolitana del Transporte”, conformada por Provincia y Ciudad, que fue creada en 2012 pero nunca fue puesta en funcionamiento.

Como consecuencia de la eliminación del fondo, los gobiernos provinciales deberán elevar el pasaje a su valor real –cercano a los 1.000 pesos- o sumar más fondos propios para subsidiar la tarifa.

Un grupo de 22 intendentes de diferentes ciudades –entre ellas, Córdoba, Rosario, Corrientes Mar del Plata, Jujuy y Neuquén- rechazó este jueves en un comunicado la medida y solicitaron la revisión de la misma.

Los jefes comunales manifestaron su “extrema preocupación”, advirtieron que “dejaría sin transporte a millones de argentinos” y adelantaron que tomarán “todas las medidas políticas y judiciales garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional”.

El secretario general del Gobierno de Santa Fe, Juan Cruz Cándido, manifestó este viernes que la medida implicará un “aumento considerable del boleto”.

“Son unos $ 1.500 millones por mes que pasaba Nación. La provincia no puede ponerlos. Tenemos recursos, pero también muchas obligaciones y responsabilidades que son cada vez más porque el gobierno federal se va desentendiendo de más temas”, indicó a radio Urbana Play.

Consideró que el Gobierno, a través de esta decisión, “quiere dar la épica de la venganza a un plan de ajuste tradicional que ya estaba decidido que iba a hacer”.

“Deberían entender que ningún gobernador viaja en colectivo. Esto afecta a la gente”, agregó y señaló que se quiere instaurar la idea de que provincias como Santa Fe “son mantenidas”.

“En realidad nosotros somos los que mantenemos a los 4 o 5 que creen que hacen patria desde Puerto Madero”, cuestionó Cándido.

Por su parte, el intendente de la Ciudad de Formosa, Jorge Jofré, indicó a Raído El Destape que la decisión llevará el boleto en Formosa “a alrededor o más de $ 1.000” y adelantó que, entre los intendentes y gobernadores, se evalúa “hacer alguna presentación en la justicia”.

“Los pactos fiscales de 2017 y 2018 ya fueron dejados de lado. Además, el Gobierno prorrogó el Presupuesto 2023 que tiene previstos los fondos para el interior por ley”, remarcó Jofré.

“Nunca vi que una decisión administrativa de un ministro esté por encima de una ley”, dijo, en ese sentido, el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio en la misma emisora, quién también señaló que se trata de una “venganza” y que vendrá una “lluvia de amparos y presentaciones judiciales”.

Sostuvo que “nunca se habló en estos largos y tenebrosos 60 días de esto” y que, por el contrario, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, “había venido para fortalecer y darle más músculo al transporte del interior”.

En tanto, el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, consideró que se trata de una “falta de respeto a la democracia y al federalismo” y que se tomarán “las medidas necesarias”; mientras que el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, adelantó en contacto con la prensa local que se buscará “una postura común” con las demás provincias.

En diálogo con Futurock, el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti también consideró la decisión como una “actitud vengativa” y remarcó que el recorte de subsidios significa “cortarle la posibilidad de llegar al laburo a un laburante”.

Más allá de que el boleto de transporte –de no cubrir las provincias la eliminación del fondo- podría llegar a “hasta $ 1.500”, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, advirtió que en ciudades medianas del interior con menores volúmenes de pasajeros “las empresas de transporte directamente no podrían sobrevivir sin subsidios”.