Tras un fallo de la Justicia mendocina, buscan prohibir el uso de teléfonos celulares en las cárceles de Buenos Aires

El festejo de lo que se supone es un cumpleaños en un penal bonaerense, filmado con un teléfono celular en primer plano, durante la preparación de un corderito, generó todo tipo de reacciones entre los usuarios de las redes sociales. “Tienen celulares, wifi, cordero y juntadas para hacer asado. Vos salís a comprar un pan y te meten 10 tiros”, fue uno entre tantos opiniones que se pudieron ver sobre el video en cuestión.

La escena causó indignación y reavivó el debate del uso de los teléfonos celulares en las cárceles bonaerenses. Cabe recordar que los presos no podían contar con acceso a celulares porque se trató de una medida vigente por la pandemia. El fallo del mes pasado en Mendoza también sacudió la modorra local y puso en discusión una vez más el tema.

La legisladora bonaerense, Nazarena Mesías, del bloque Acuerdo Cívico-UCR+GEN presentó una iniciativa, a mediados del 2023, que proponía modificar la Ley de Ejecución Penal y, entre otros puntos, resaltaba la instalación de inhibidores de señal en las cárceles provinciales. “Este uso injustificado dentro de las cárceles provocó el aumento de hechos delictivos desde las mismas”, aseguró Mesías en diálogo con el portal Data Clave.

“En la provincia de Buenos Aires no hay un plan integral de seguridad que se ocupe de analizar y resolver estas cuestiones, pero esto es algo que viene desde hace ya muchos años y es responsabilidad de todos los gobiernos que se sucedieron en los últimos años”, manifestó. Y agregó que ”desde que asumí esta banca presenté distintos pedidos de informe al Ministerio de Seguridad de la provincia que nunca fueron respondidos y proyectos de ley, como este, que jamás fueron tratados“.

Mesías asegura que para poder abordar la inseguridad hay que hacerlo “desde distintas aristas ya que requiere de reformas estructurales del funcionamiento de la policía y el servicio penitenciario bonaerenses, pero también de una fuerte inversión en tecnología y herramientas para garantizar el cumplimiento de estas”. Y deja en claro que para lograrlo “necesitamos de un acuerdo de parte de todos los actores políticos”.

Mesías sostiene que, al igual que lo sancionado en Mendoza, se podría tener “una excepción con las madres o se podrían crear mecanismos que tengan esto en consideración, pero no se puede permitir el uso indiscriminado cuando la razón de ser de este protocolo ya no existe”.

Para el final Mesías abrió el debate sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y aseguró que “los presos tienen derecho a comunicarse y tienen las herramientas para hacerlo sin que representen un peligro para el resto de la sociedad. El uso de celulares se dio en un escenario donde el aislamiento impedía las visitas regulares de sus familiares y amigos, pero esto ya no es un impedimento”.

Y cerró: “Si vamos a empezar a analizar las vulneraciones a los derechos de la población carcelaria tenemos que primero fijarnos en cuestiones más urgentes, como la sobrepoblación que hay en el servicio penitenciario bonaerense, cuyas instalaciones poseen el doble de reclusos para el que están diseñadas, o si el sistema educativo y de reinserción social funciona realmente para que los delincuentes vuelvan a la vida en sociedad y no salgan mucho más violentos y inadaptados socialmente de las cárceles”.