Senadores mendocinos impulsan una campaña destinada a mujeres en estado de extrema vulnerabilidad económica y sexual
La propuesta que fue llevada a cabo por el legislador (MC) Fernando Alin, fue aprobada en el recinto de sesiones de la Legislatura Provincial. Dichas campañas deberán ser desarrolladas en forma conjunta por la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia de Mendoza, con cada Municipio.
En la jornada de este martes, se realizó la sesión de senadores de la Legislatura Provincial, en la que se aprobó una iniciativa del ex legislador Fernando Alin. La propuesta trata de que la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia de Mendoza, en forma conjunta con cada Municipio lancen una campaña de difusión, intervención y concientización de los derechos que tienen aquellas mujeres que se encuentran en estado de extrema vulnerabilidad económica y sexual, como así también políticas de acercamiento con las trabajadoras sexuales para que conozcan sus derechos.
“Es sabido que la devastadora situación económica por la cual estamos sumergidos, es uno de los principales motivos por el cual las personas, sobre todo las mujeres se ven obligadas a llegar al trabajo sexual y esto se debe a la incapacidad de poder optar, ya que se trata en ocasiones de elegir entre poder subsistir, o no poder hacerlo de ninguna forma”, reza fragmento de la iniciativa.
De acuerdo al autor del proyecto, independientemente del análisis que se tenga en lo referente al meretricio, si se está a favor porque es la mujer quien decide sobre su cuerpo y sexualidad o si se está en contra por considerarlo capitalización del cuerpo femenino, la discriminación y la desatención que sufren las mujeres prostitutas es aún mayor porque son prácticamente invisibles debido al prejuicio y la estigmatización que sufren.
“Si bien existen leyes que las protegen, nunca está es demasiado recordarles que no están solas y que tienen derechos como una vida sin violencia y sin discriminaciones, derecho a la salud, la educación y la seguridad personal; a la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial; a que se respete su dignidad; a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos; a la intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento; a recibir información y asesoramiento adecuado; a gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad, de acceso gratuito a la justicia en casos de violencia de género, igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres; y un trato respetuoso cuando padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización”, se explica en el proyecto.
