Tras los sobreseimientos en la causa por espionaje ilegal en las cárceles llovieron las apelaciones
En la lista de apelaciones aparecen acusados que quedaron excluidos de aquel beneficio; la ex número dos de la AFI Silvia Majdalani; ex agentes considerados “cuentapropistas” de la inteligencia ilegal; los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, por la Comisión Provincial por la Memoria.
El fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi que sobreseyó a la ex plana mayor del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la causa por presunto espionaje ilegal en las cárceles a dirigentes kirchneristas detenidos fue apelado por casi todos los involucrados.
En la lista de apelaciones aparecen acusados que quedaron excluidos de aquel beneficio; la ex número dos de la AFI Silvia Majdalani; ex agentes considerados “cuentapropistas” de la inteligencia ilegal; los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, por la Comisión Provincial por la Memoria.
También el fiscal Franco Picardi apeló la medida, al considerar que fue “prematura”. El fiscal objetó la construcción de la nulidad del relato de dos testigos sobre la que el juez basó sus fundamentos.
“La decisión de sobreseimientos fue adoptada en un marco de valoraciones atinentes a la credibilidad y veracidad de los testimonios, lo que no puede ser objeto de controversia en esta etapa del proceso, pues la instrucción no se caracteriza por la existencia de contradicción y bilateralidad; antes bien, se enfoca en indagar, averiguar y examinar”, expresó.
También apelaron la medida las defensas de los ex espías Facundo Melo y Leandro Araque (a cargo del abogado Fernando Sicilia), Jorge Sáez (defendido por Emmanuel Carro) y Alan Ruiz (asistido por Juan Ignacio Pascual).
La medida dispuesta por Martínez de Giorgi no los alcanzó a ellos, por lo cual reclamaron que los sobreseimientos se les hagan extensivos por las mismas razones que sí incluyeron a los demás imputados.
La defensa de Majdalani, a cargo de los abogados Pablo Lanusse y Adriana Ayuso, denunció que la investigación desde el inicio y afirmó: “tamaños desvíos, que avasallan no sólo la correcta administración de justicia, sino que además arrasan con todas las garantías constitucionales del proceso que nuestra Carta Magna ha establecido como pilares del Estado de Derecho, no pueden en modo alguno cohonestarse bajo el pretexto de impartir justicia”.
Por ello reclamaron “la íntegra revisión de la resolución recurrida y la revocación” para que se declare la nulidad completa del expediente.
