El gobernador Sergio Ziliotto anunció este martes que le pidió a la Corte Suprema de Justicia una audiencia presencial para asistir con los intendentes y referentes de asociaciones civiles por el conflicto con Mendoza por el cauce del Río Atuel.
La maniobra se da luego del intento de crear un Comité del río Desaguadero, que pretende “institucionalizar el manejo del río” y el objetivo es “exponer en el presente proceso el estado de situación actual del cauce y los daños socio-ambientales generados y a generarse”, según explicó el gobernador.
“Igualmente, que (los jefes comunales) puedan manifestar al Tribunal los conflictos diarios que deben resolver a raíz de la faltante de agua y como esta situación se agrava día a día, generando éxodo de las poblaciones y graves problemas sociales”, añadió en el comunicado.
El pasado 17 de julio, el gobernador adelantó esta medida al cumplirse tres años desde el fallo de la Corte Suprema que determinó un caudal mínimo constante de 3,2 metros cúbicos en la frontera interprovincial entre La Pampa y Mendoza, y pidió a la Fiscalía de Estado que presente una nueva solicitud para que se cumpla lo resuelto.
La causa
En 2020, la Corte Suprema fijó un caudal mínimo permanente para el río Atuel de 3,2 metros cúbicos por segundo para moderar el daño por falta de escurrimiento que sufre la provincia de La Pampa y que generó un conflicto ya histórico con Mendoza.
El máximo tribunal tomó esta decisión con el voto mayoritario de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, mientras que Carlos Rosenkrantz, acompañó la resolución pero con objeciones a los argumentos de la mayoría.
En diciembre de 2017, la Corte había ordenado a las administraciones de La Pampa y Mendoza que establecieran en 30 días un “caudal hídrico apto” en el río Atuel para moderar los efectos ambientales y económicos que sufre La Pampa por la escasez de agua en esa cuenca. Más que vencido el plazo, el máximo tribunal consultó al Instituto Nacional del Agua (INA), que consideró razonable la circulación de 3,2 metros cúbicos por segundo.
El conflicto entre las provincias comenzó en 1947, con la construcción de la represa El Nihuil en Mendoza, que afectó a las especie autóctonas y a pobladores del oeste pampeano que tuvieron que emigrar por el impacto ecológico.
La Pampa recurrió a la justicia y en 1987 obtuvo un fallo favorable de la Corte señalando que el río era interprovincial y que debía terminar el daño derivado para el territorio pampeano, sin embargo, nada ocurrió hasta que en 2014 se inició un nuevo juicio que generó la directiva de la Corte para que se fijara un caudal negociado entre ambas provincias.
A lo largo de 2018, ambos hicieron sus ofertas pero proponiendo caudales muy lejanos entre sí: mientras La Pampa reclamaba 4,5 metros cúbicos por segundo, Mendoza ofrecía 1,3, y ante esa falta de solución consensuada, la Corte zanjó que debe pasar 3,2.
