Condenaron a un abogado y dos contadores por evadir impuestos por un millón de dólares y a uno de ellos le decomisaron un viñedo en Mendoza

Un Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a un abogado y dos contadores de Entre Ríos al demostrarse que asesoraban para evadir impuestos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con “sobresimulaciones” de pago por una defraudación de más de $10 millones en 2011, que en la actualidad equivalen a un millón de dólares.

Además, el tribunal rechazó los pedidos de excarcelación de la defensa y dispuso que los tres queden bajo arresto domiciliario, con tobillera electrónica.

En tanto, para la madre de uno de los condenados, que es abogada y empleada de la AFIP, la justicia dictaminó su absolución.

Las vocales Noemí Berros, Mariela Emilce Rojas y el vocal Roberto López Arango condenaron por unanimidad al abogado Roberto Ibáñez Izaguirre a cinco años y tres meses de prisión, y $90.000 de multa por asociación ilícita fiscal.

También condenaron a los contadores Sergio Oscar de Araquistaín a seis años y tres meses de prisión y la misma multa económica por ser coautor del delito; y a Salvador Luis Morelli a cinco años y tres meses de prisión e igual multa.

Según las abogadas querellantes de la AFIP, Marina Núñez y María Florencia Sieber, durante 2011la delegación Paraná de la AFIP detectó maniobras para defraudar al fisco por parte de al menos tres empresas constructoras con un patrón común.

Los tres condenados formaban una organización “criminal perpetrada para cometer delitos contra el fisco”, consideraron en los alegatos de clausura, a través de “maniobras afuera y dentro de una cooperativa que era una fachada para llevarse fondos a sus bolsillos”.

Roberto Izaguirre “buscaba clientes y les ofrecía el mismo mecanismo de no fácil comprensión y los clientes pagaban ese servicio”, Morelli “tenía un rol más activo” e Ibáñez “usaba los accesos a AFIP para traficar información”.

Se establecían secuencias de declaraciones juradas que incluían retenciones, advirtieron que las retenciones existían, que los agentes y las agencias de retención también pero no coincidía el sujeto retenido, mediante una “simulación dolosa de pagos”.

Los empresarios cedían las claves fiscales para realizar los pagos a través de transferencias virtuales: “fue como entregar las claves del cajero automático y modificaron las declaraciones juradas al efecto de las retenciones”, explicaron las letradas.

La investigación recayó sobre las empresas “Caballi SA” de Miguel Marizza; “Constructora del Norte” -ya disuelta- de Guillermo Galeazzo; y “T&H Construcciones” de Héctor Ricardo Salé.

Sin embargo, los profesionales tenían como clientes otras como “Szczech & Szczech” y “Dimet”, que registraron procesos judiciales por defraudaciones que quedaron por debajo de los $500.000 y fueron resueltos “por la ley más benigna”, apuntaron las fuentes.

La acusación demostró que los ahora condenados ofrecían simular pagos a la AFIP a distintas empresas y lograron una defraudación de más de $10 millones en 2011, lo que en la actualidad “equivaldría al millón de dólares”.

Los jueces explicaron la inmediata prisión domiciliaria en que son “sujetos altamente socializados con altos niveles socioeconómicos, elevado estatus social y buen pasar económico con vínculos en el país y extranjero”.

Además, dieron lugar al pedido y ordenaron el decomiso de sus bienes, entre ellos viñedos en Mendoza (De Araquistaín) y propiedades en Estados Unidos (de Morelli), al considerar que son producto de la defraudación al Estado.

Los abogados defensores José Velázquez; Miguel Cullen y Damián Petenatti y Francisco Avero, rechazaron la condena y adelantaron que apelarán la decisión.

Finalmente, los jueces ordenaron investigar a tres personas por el presunto delito de falso testimonio, y comunicaron que los fundamentos completos los darán a conocer el jueves 8 de junio.