Nicolás SanzPortada

🏚️ Denuncian que el IPV se quedó con tierras de una cooperativa y que el expediente judicial está amañado

En dialogo con Diario Mendoza Today, la denunciante sostiene que el conflicto “comenzó aproximadamente en el 2003"

El pasado 21 de marzo, Guillermina Esther Malla demandó al Instituto Provincial de la Vivienda siendo esta la presidenta de la Cooperativa de Vivienda, Urbanización y Servicios Públicos “El Triángulo LTDA” en el marco de una “obligación de hacer”, papel al que pudo acceder Diario Mendoza Today.

El hecho se remonta al 15 de agosto del 2001, cuando entre la cooperativa y el organismo gubernamental se lleva adelante un contrato de fideicomiso de garantía por el cual se traspasa un terreno al Instituto con el fin de realizarse 144 unidades de urbanización e infraestructura y la construcción de 75 viviendas.

El problema es que ya para 2021 se abona la liquidación final por un total de 3.8 millones de pesos. En tal contexto, en febrero del 2022, “El Triángulo” le pide al Instituto de la Vivienda de Mendoza que le devuelva el sobrante de los terrenos ubicados en el departamento de Guaymallén.

Al cabo de algunos meses, el IPV resuelve devolver dos fracciones, denominadas 4 y 5, y porcentajes de dominio sobre espacios de indivisión forzosa. El problema tiene asidero en una aclaratoria que la cooperativa envío y en la que se hacía hincapié en el hecho de que la devolución de estos terrenos debían ser “libres de todo ocupante”.

Si bien la fracción 5 fue entregada estando libre tal cual se declara en el contrato, la número 4 se hallaba “ocupada casi en su totalidad  por vehículos”, según se desprende del documento, por lo que la cooperativa rechaza la devolución de dicho espacio.

“Resulta por demás antijurídico que el Instituto Provincial de la Vivienda pretenda entregar la posesión de la Fracción IV, cuando, y conforme se deja constancia en el Acta mencionada ut supra, el Instituto Provincial de la Vivienda no tiene la posesión de la fracción IV”, resalta el paper.

Ante la situación descripta, Guillermina Esther Malla envía una carta documento al IPV en la que se sostiene: “En mi carácter de Presidenta de la Cooperativa de Vivienda, Urbanización y Servicios Públicos ‘El Triángulo Limitada’, de conformidad a lo dispuesto en el Expediente 3870-S-2010 y sus Resoluciones N° 826/2022 y 1092/2022, intimole en el plazo perentorio e improrrogable de Diez (10) días corridos, a hacer uso de las facultades que le confiere el artículo 4 inc. h de la ley 4.203 y su modificatoria ley N° 6926 y en consecuencia, hacer entrega libre de todo ocupante de la Fracción N° IV que es parte del inmueble de mayor superficie”.

“Ante ello el IPV responde, en fecha 07 de Diciembre de 2022, mediante Carta Documento que rechaza la Carta Documento, niega todo por no corresponder a la realidad, amparándose en el Acta Notarial referenciada y vuelve a decir que la cooperativa no aceptó la entrega de la posesión de la Fracción IV. Vuelvo a expresar: ¿Cómo pretende el IPV entregar algo que no tiene?”, continúa manifestando la denunciante.

El conflicto se da por el hecho de que el Instituto es titular registral del dominio fiduciario de los terrenos y por ello es quien debe encargarse de devolver las fracciones correspondientes libres de ocupantes.

En dialogo con Mendoza Today, Esther sostiene que el conflicto “comenzó aproximadamente en el 2003. En el 2001 tenía que entregar la obra que sita en calle Pedro Vargas y Estrada en la que se firmó un permiso de garantía, no de disponibilidad con el IPV. Después de eso, empezaron los tire y afloje cuando no querían que construyeran las cooperativas de vivienda y empezaron buscar cosas. Como no teníamos falencias técnicas, ni constructivas, ni nada que se le parezca, y yo no le quise entregar la obra para que la hicieran con empresas constructoras, me dijo (el ex presidente del IPV Raúl) Cicero en forma personal: ‘te voy a crear un problema y te voy a quitar la obra’”.

Tras ello, contó que “nos intervinieron y se apoderaron de los terrenos, de los bienes, de materiales que habían para la terminación de la obra… fue un destare, a nivel social, a nivel económico, a nivel de desprestigio de las autoridades y seguimos peleando durante casi 15 años”.

En ese mismo sentido destacó que “en todas las demandas penales que hicieron salimos sobreseídos y ya ganada esa primera parte de las demandas penales empezaron con las intervenciones en la cooperativa. Pasaron 10/12 interventores hasta que se comprobó que no existía motivo para intervenir la cooperativa, pero ya estábamos intervenidos, ya nos habían sacado todas las cosas”.

“Fue un desastre, no solo con esa obra, también con un edificio de la calle Paraguay 1653 que también construyó la cooperativa. A raíz de todo eso el edificio lo remataron, el de calle Paraguay, lo logramos salvar en la corte y hemos recuperado el edificio y parte del terreno”, continuó.

“La otra parte de la resolución, como dice la demanda, lo pagamos hace dos años y todavía no nos devolvieron el terreno. Hicieron una resolución para la entrega de terrenos libres de todo ocupante y el lugar que nos tienen que devolver tiene cocheras”, afirmó Malla.

En la misma línea, agregó que “ya hemos agotado las instancias administrativas, nos han devuelto una parte chica y el resto sigue todavía ocupada. La gente que pagó, con la cual hemos juntado la plata para pagarle a ellos, todavía no ven un comienzo de obra… ¡porque sigue ocupado! Han hecho lo que han querido como lo hacen autoritariamente”.

“En la demanda están los datos, las fechas, el fideicomiso en la fecha que se firmó, de que calidad era el fideicomiso… hicieron una mala escrituración, sin orden de nada, ni de la cooperativa, ya que estábamos intervenidos le hubieran pedido al juez para escriturar, tampoco (lo hicieron). Tengo la constancia donde la jueza ordena compulsa penal por la mala escritura y mala adjudicación. Manejan la justicia como se les da la gana, por lo que no hay nadie que les diga nada”.