A casi seis años de la muerte de la docente María del Carmen Solís, la Justicia de Mendoza elevó a juicio la causa que tiene como principal y único imputado al esposo de la víctima, el médico forense jubilado Juan Muñoz. La acusación, poco frecuente, sostiene que es culpable de no haber evitado que ella se suicidara.
Después de varias idas y vueltas judiciales, Muñoz, que actualmente tiene 80 años, llegará al debate en libertad y un jurado popular lo juzgará por el delito de “homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en concurso ideal, en calidad de autor por omisión”.
Si bien no hay dudas de que Solís se quitó la vida ahorcándose con una cinta plástica en una de las habitaciones de su casa ubicada en la localidad de San Carlos, se cree que la drástica decisión que tomó la mujer fue consecuencia de una relación disfuncional con quien era su pareja, quien la habría hostigado física y emocionalmente durante años.
El caso
El domingo 23 de abril de 2017, Muñoz llamó al 911 para denunciar que su mujer se había suicidado en su casa. De acuerdo a su relato, él no se encontraba en su domicilio y cuando regresó la vio a María del Carmen ahorcada.
La familia de la víctima aseguró después que Muñoz nunca les avisó a ellos lo que había ocurrido, sino que se enteraron, de casualidad, porque una sobrina de la docente la llamó justo ese día y la atendió un comisario.
A partir de allí, se abrió una investigación en la que se barajaron varias hipótesis. En un principio, se creyó que la víctima se había suicidado durante una sesión de hipnosis “supervisada” por su marido. También se dijo que el forense había ahorcado a su pareja desde atrás y montado después la escena de un suicidio.
Finalmente, la conclusión a la que llegaron los investigadores fue que se estaba ante un femicidio “en calidad de autor por omisión”. En otras palabras, consideraron que Muñoz no hizo nada para evitar el suicidio de su mujer y por ello irá a un juicio por jurados que se llevará a cabo en 2023.
“Por los conocimientos del imputado, sus conductas agresivas previas, el estado de convivencia con la víctima y la situación de vulnerabilidad de ella es válido concluir que tenía el deber de evitar la muerte de su mujer y podría haberlo evitado, si lo hubiese querido”, sostiene la acusación, según publicó el diario Los Andes
En este sentido, una fuente cercana a la causa detalló que, al momento de su muerte, la víctima se encontraba en un estado de “debilidad, deterioro fisiológico, agotamiento psicoemocional y abatimiento, con un deterioro significativo en lo social, laboral y en otras áreas de su vida, resurgiendo un estado anímico de depresión similar al sufrido seis años atrás cuando falleció su madre, lo que aumentaba la potencialidad de riesgo suicida”.
Pese a esto, el médico psiquiatra que trataba a la docente desde 2001, sostuvo que la víctima nunca tuvo indicadores que puedan hacer sospechar una tendencia suicida.
