“Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera”. La célebre máxima de José Hernández en el El gaucho Martín Fierro parece haberse corporizado por estos días en los hermanos Aguilera, su madre y el yerno Cristian Román Romero, acusados de integrar en Córdoba una banda delictiva que perpetró numerosas estafas por casi tres millones de pesos, no solo en esa provincia sino también en Mendoza.
La voluminosa investigación que la fiscal de Casos Complejos Valeria Rissi elevó a juicio esta semana por presunta asociación ilícita y estafas reiteradas por más de 2,8 millones de pesos que habrían ocurrido entre fines de 2019 y 2020 y habría involucrado a 24 imputados.
La sindicada banda habría operado a partir de un núcleo familiar homogéneo desde la presunta cabeza delictiva: el pintor de muebles Cristian Román Romero (29).
Con cierta astucia, habría operado primero desde la cárcel de Cruz del Eje, luego en libertad y, posteriormente, desde los complejos de Bouwer y Villa María, haciéndose pasar por empleado de Anses, pero sin dejar de utilizar otras modalidades delictivas, según la investigación.
Como parte de su speech (discurso), también habría engañado a incautos al simular interés en comprar ciertos vehículos ofrecidos por Facebook.
La particularidad es que habría orquestado los fraudes en Córdoba, Santa Fe y Mendoza con la colaboración de sus familiares y de otras personas.
Así es que habría intervenido su esposa, Jennifer del Valle Aguilera (25), condenada en otra causa a seis años y ocho meses por robo y con domiciliaria (al momento de los delitos adjudicados).
También quedaron bajo sospecha su madre, María Fernanda Aguilera (48; empleada doméstica), y sus hermanos: Fernando Nicolás “Enano” Aguilera (28; albañil, sentenciado por robo), Milagros Magalí Oliva Cornejo (22, desempleada) y Javier Alejandro Aguilera (29; albañil). La novia de este último, Daiana Soledad Cortez (30), quedó involucrada en los ilícitos.
Al parecer, Romero elegía a las potenciales víctimas (de avanzada edad) a través de la guía telefónica o un listado similar. Se sospecha que se identificaba falsamente como empleado o abogado de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), utilizando los nombres “Nicolás Vivas”, “Marcelo Alejandro Busto” y “Pablo Echegaray”.
Invocando el programa de reparación histórica a jubilados y pensionados, Romero habría solicitado a las víctimas la transferencia de dinero a cuentas ajenas vinculadas a la banda.
La misma estrategia habría replicado al fingir interés en la adquisición de vehículos ofertados por medio de Facebook para, de ese modo, hacerse de las transferencias de los damnificados.
Las víctimas se dirigían con su tarjeta de débito a un cajero, donde tras recibir ciertas indicaciones, transferían sus fondos a cuentas de la organización o gestionaban usuarios y claves de home banking. Luego, ya provisto de esos datos, Romero habría ingresado a las cuentas de las víctimas y transfería o gestionaba créditos.
Los otros acusados
Como parte de la división de roles, el resto de los familiares u otras personas retiraban los fondos de sus cuentas para repartirse el “botín”.
Allí cobró relevancia la aparición de Marcos Nicolás Castaño (38; peluquero); Alexis Isaías Díaz (24; administrativo en laboratorio); los albañiles Fabio Jesús “Gordo” Sotelo (30), José Luis Mazor Peralta (30), José Alberto Capdevila (31), Jonathan Alejandro Cortez (33) y Miguel Ángel Cabrera (55; albañil); las empleadas de casa de familia María Soledad Gerrero (32) y Carla Inés Sánchez (36).
La fiscal imputó, además, a Ramón Horacio “Tato” López (51; jardinero); Raúl Luis “Chancho” Escobar (35; naranjita; estuvo preso por robo y violación domicilio); Jeremías Micael Racedo (27; comerciante); Milagros Micaela Monserrat (20; niñera); y el grupo de desempleadas Milagros Magalí Oliva Cornejo (22), Marianela Jazmín de Lourdes “Lula” Aguilar (22) y Sonia Alejandra Cabrera (29).
Y por último, están sospechados María Soledad Guzmán (32; doméstica, con domiciliaria), madre de Ulises Alejandro Guzmán (20; vendedor de empanadas, en libertad).
La olla que se destapó
Quizás lo sorprendente no sea la modalidad estafatoria –ya desgastada pero efectiva en igual proporción– sino el puntapié de la causa: la denuncia de una víctima.
La mujer contó –en sintonía con los testimonios de los otros denunciantes–| que el (falso) empleado de la Anses le explicó que debían depositarle unos dos millones de pesos. Pero que, para que se acreditaran, ella debía depositar 300 mil pesos para “asegurar el monto” sin realizar ninguna operación con sus tarjetas de débito. Bajo engaño, transfirió los fondos.
El “empleado” le mencionó que, una vez realizado el depósito, liberaría el uso de sus tarjetas. Y le dijo que debido a que contaba con dos plásticos, para “liberarle” la otra tarjeta debía transferir otros 300 mil (dinero que obtuvo tras vender sus ahorros en dólares).
Efectuó la operación y logró que le transfirieran otros 185 mil. Ante la desesperación de no poder transferir otros 175 mil, contactó a su abogada, quien le respondió que no debió haber depositado ninguna suma.
Al revisar su home banking, notó 38 transferencias a cuentas ajenas, y hasta la gestión de dos préstamos por 600 mil y por cinco mil. Por las operaciones que dijo desconocer, cree que brindó sus datos del home banking al falso empleado. En total, perdió 2.136.900 pesos.
La fiscal identificó a los titulares de esas cuentas desconocidas y detectó que correspondían a 11 de los 24 imputados. A partir de los allanamientos en los domicilios de los titulares de las cuentas, pudo trazar la “hoja de ruta” de la banda: el supuesto jefe, sus roles y movimientos.
Los acusados, cerca
La Policía analizó la titularidad de las cuentas y a nombre de quién figuraba la línea utilizada para contactar a la mujer de los 2,1 millones (número que dejó de usarse tras la estafa).
Del entrecruzamiento de datos, se dilucidó que entre casi todos los titulares de las cuentas existía un punto en común que los relacionaba: la cercanía entre los lugares de residencia, en una zona marginal de Argüello Norte y Villa La Monja Sierra.
Los titulares de las cuentas tenían su casa en un radio geográfico no mayor a seis cuadras a la redonda. De la intervención de dos líneas asociadas a una cuenta a nombre de María Fernanda Aguilera (supuesta receptora del dinero de las estafas), surgió que los allanamientos se habían ordenado porque “Cristian” (Romero), esposo de “Yeni” (Jennifer Aguilera), se dedicaba a “estafar” por teléfono.
En diversas escuchas surgieron datos importantes. En una, Romero aludió a que había solicitado el traslado a la cárcel de Villa María porque allí era es más fácil “chorear” y/o “estafar”. También mencionó que para “chorear” utilizaba celulares de otros internos que luego obtenían parte del dinero de las estafas.
En una conversación con su esposa, le expresó: “El teléfono no es mío, mi amor. Están todos (por los presos) hablando a las casas (…). Lo uso todo el día para chorear”.
En otro fragmento, le habló de cifras que habrían sido de una estafa: “Ayer generé uno que tenía 500 mil en un plazo fijo y cobrará 175 mil. Ojalá que no se pinche…”. “¿Para cuándo? ¡Ay, tengo unas ganas de tener plata!”, le respondió ella.
El presunto jefe de la banda, incluso, refirió que usaba Facebook para “chorear” o presuntamente consumar las estafas al “chamuyar” a las víctimas y dirigirlas al cajero, porque “no le da más con la Anses”, en referencia a que esa estrategia sería ya muy evidente.
