La cesión de 12 mil hectáreas de una zona de la Cordillera a la empresa El Azufre para hacer un centro de esquí sigue generando rispideces en la política mendocina. Con acusaciones cruzadas y señalamientos ad hoc.
El peronismo insiste en acusar incumplimiento de los requisitos legales y administrativos por parte del gobierno mendocino y un “trámite exprés” para llevarlo adelante.
Según viene señalando el peronismo local, el expediente “no pasó por ni por la aprobación del Ministro de Ambiente, ni de la Asesoría de Gobierno (…) De más está decir que los puesteros de la zona deberían tomarse años para acceder a este tipo de beneficios“.
Ayer nomás, como publicó Diario Mendoza Today, el Jefe de Bloque del FDT en el Senado, Lucas Ilardo pidió a través de un video “que el Gobernador derogue el decreto y envíe una Ley a la Legislatura como corresponde, que inmediatamente se haga el estudio de impacto ambiental y que se arregle con los puesteros del lugar la entrega que les corresponde de sus tierras”.
Y acusó que el actual diputado nacional, Lisandro Nieri, firmó el pedido de mensura (algo muy poco frecuente, “de lo que no hay antecedentes en las últimas dos gestiones) con lo que saltea pasos formales pero además designa para hacer la mensura -sin concurso previo ni decreto que lo fundamente- al agrimensor de la empresa interesada“.
En tal marco, el ministro de Gobierno de Mendoza, Víctor Ibáñez lo cruzó en redes sociales, negando que Nieri hubiera hecho tal trámite, aunque reconoció que el exministro “sí autorizó el pedido de tramitación y visación para la realización de una mensura sobre los terrenos denominados Potreros de Cordillera”.
A esta altura sorprenden dos cuestiones: por un lado, el creciente nerviosismo del gobierno. Por el otro, el silencio de los principales referentes radicales y peronistas sobre la cuestión.
El ausentismo de la polémica en los medios ya no es motivo de sorpresa, pero sí lo antedicho. Algo huele mal en Dinamarca… perdón, en Mendoza.
