En los últimos tiempos, los gobernadores vienen teniendo una actuación destacada en lo que a política local refiere. Luego de la firma del Consenso Fiscal, que inquieta a propios y ajenos por lo que implica, le sigue una reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Será el próximo miércoles, donde escucharán cómo van las negociaciones del gobierno argentino con el FMI. Básicamente porque el Ejecutivo nacional busca el respaldo de los mandatarios provinciales. Allí estará Rodolfo Suarez, representando a Mendoza.
No es todo: se cuela en medio de ambas tramas la judicialización que la oposición refrendó respecto de la modificación del impuesto a los Bienes Personales en el Senado.
Quien ha hecho el mejor análisis al respecto es Ignacio Zuleta, columnista de diario Clarín, con llegada directa a Casa de Gobierno. Imperdible y revelador:
La cita con los gobernadores busca respaldo genérico en un trajín más que complejo: sólo habrá luz amarilla cuando viaje una misión del FMI a la Argentina; Guzmán tiene tabicada la relación con los funcionarios del FMI, a quienes les tiene prohibido que se entrevisten con funcionarios argentinos. Nadie entiende cómo tramitará el Gobierno una aprobación de un acuerdo.
¿Alguien imagina a un opositor votando a favor de un entendimiento alcanzado por Alberto? ¿Alguien imagina a alguno de los gurkas cristinistas, como el infante Maxi, aprobando alguna cláusula decidida en Washington por un funcionario de la plutocracia? Fantasías veraniegas, que nacen de la calenturienta demanda de Guzmán en 2019 de que el acuerdo lo aprobase el Congreso.
Es algo tan raro como ese argentinismo de la segmentación de tarifas: cobrar la luz por la cara del cliente y porque a otro le tiene que salir más barata.
El encuentro del miércoles sigue a la firma del consenso fiscal, que tranquiliza la recaudación, amenazada por el traspié en la sanción de Bienes Personales, que el peronismo salvó en tiempo de descuento. El final de esa trama navega en tribunales, por el recurso de amparo que presentó la oposición. Los abogados discuten si existe un juez que haga caer un impuesto porque el número se logró 8 minutos más tarde. Salvo que algún otro recurso agregue argumentos más contundentes. Por ejemplo, si es legal que Bienes Personales, que estaba incluido en el Presupuesto que se cayó, puede ser repuesto en una ley aparte.
La Constitución dice que un proyecto rechazado no puede volver a ser tratado. Acá el Gobierno usó otra ley para meter un pedacito del presupuesto caído (Artículo 81°: “Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año, etc.”).
