La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, no pasa por su mejor momento. Luego de haber sido denunciada por haber filtrado los nombres de cientos de espías, ha quedado con la espada de Damocles sobre su cabeza y la confirmación en su cargo deberá esperar.
Ello más de un año después de que el Poder Ejecutivo enviara su pliego al Senado. Por caso, el pliego estuvo a punto de ser tratado en la Comisión de Acuerdos el miércoles de la semana pasada, pero la audiencia virtual fue cancelada argumentando suspicaces “cuestiones de agenda”.
Fue justo cuando la jueza federal María Romilda Servini decidió citar a Caamaño a declaración indagatoria en aquella causa judicial.
Esta situación será motivo de una reunión que en las próximas horas sostendrán dos de las figuras más relevantes del bloque oficialista del Senado: el jefe de la bancada, José Mayans, y su vicepresidenta y titular de la Comisión de Acuerdos, la mendocina Anabel Fernández Sagasti.
La trama de la filtración que complica a Caamaño fue revelada por el portal Tribuna de Periodistas en septiembre de 2020, y produjo una catarata de denuncias contra su persona por parte de puntuales agentes de inteligencia, que vieron afectada su seguridad personal por lo ocurrido.
Puntualmente, la jefa de la AFI fue denunciada como supuesta responsable de que se filtraran las identidades de espías y exespías que aparecían en un libro de actas que la AFI puso a disposición de la justicia federal de Lomas de Zamora en el marco de un expediente en el que se investigan presuntas maniobras de espionaje ilegal desplegadas durante el gobierno de Cambiemos.
El expediente se inició a raíz de una presentación efectuada por diversas personas que se identificaron como exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia, quienes denunciaron que se había hecho público un libro de actas de gestiones administrativas (2016- 2018) de donde surgía las identidades de numerosos agentes y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia, que por lo normado en los artículos 16 y 17 de la Ley de Inteligencia Nacional revisten el carácter de secreto.
Los denunciantes señalaron que aquel libro de actas llegó a manos de las partes, no solo los acusados sino también los acusadores de la causa de espionaje ilegal, y hasta trascendió en medios de comunicación, lo cual expuso sus identidades.
Ahora, en tal contexto, todo indica que el kirchenrismo le soltará la mano, por la magnitud del escándalo básicamente.
Todo depende de la voluntad de Fernández Sagasti… y Mayans, claro.
