Sobornos en una empresa de seguridad atraviesan dos gobiernos (y organismos públicos y privados)
Es una autodenuncia de Securitas que investiga desde 2022 la jueza Sandra Arroyo Salgado.
Una causa por presunto pago de sobornos por parte de una empresa de seguridad privada atraviesa a los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri y diversos organismos públicos y empresas privadas.
La investigación, a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, se inició a raíz de una denuncia de la empresa Securitas contra ex directivos de esa propia firma.
Los hechos ocurrieron, según surge del expediente, entre 2012 y 2018, es decir en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y el de Mauricio Macri.
Fuentes judiciales deslizaron la posibilidad de que la investigación escale hacia funcionarios públicos como receptores de los supuestos sobornos.
La jueza dispuso la detención de nueve personas presuntamente involucradas en el pago de sobornos para obtener contratos con organismos públicos y empresas privadas para proveer el servicio de seguridad privada.
En la lista de entidades a cuyos directivos supuestamente sobornaron los directivos de Securitas ahora denunciados figuran Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).
Entre las empresas privadas, aparece en la denuncia Aeropuertos Argentina 2000 y la filial argentina de la petrolera venezolana PDVSA.
También figuran sindicatos, empresas estatales y fuerzas de seguridad federales y provinciales en al menos dos distritos: Tucumán y Buenos Aires.
La causa se inició en 2022 y avanzó en sigilo hasta que eclosionó en las últimas semanas, con una serie de operativos y allanamientos que precipitaron las detenciones.
Los sobornos reconocidos por la empresa estaban destinados a obtener o mantener contratos para la provisión del servicio de seguridad privada.
En la investigación colaboran con el fiscal de la causa, Fernando Domínguez, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Los presuntos delitos que se investigan son los de fraude en perjuicio de la administración pública, cohecho –activo y pasivo-, dádivas, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.
