El empleo público en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires pasó en veinte años de 1.370.000 a 2.227.000 personas, con un incremento del 69%, elevándose la participación por cada mil habitantes de 36 en 2002 a 49 en 2022, según datos aportados por la Fundación Libertad y Progreso (LyP) en base a informes oficiales. En el caso de Mendoza, la suba fue del 50%.
El incremento porcentual triplica al del total de la población, que en el mismo lapso fue del 23% y en siete provincias fue del 100% o más, con el extremo de un aumento del 197% en Tierra del Fuego.
LyP consideró en su análisis que «los Estados provinciales deben avanzar en forma urgente para reformar esta situación» y para ello recomendó «concentrar la acción del Estado provincial en sus funciones básicas e indelegables como son la salud, la educación, la seguridad y la justicia; mejorar la calidad de los servicios que proporcionan a la sociedad» y, por último, «mejorar la eficiencia, es decir, mejorar la relación entre los recursos que utilizan vis a vis los servicios que proveen».
«Para esto es necesario una reorganización y racionalización de la estructura administrativa provincial, que necesariamente deberá incluir una reducción de la cantidad de trabajadores públicos provinciales», señaló, aunque advirtió que «para minimizar los costos sociales de esta reforma» las provincias deberían lanzar lo que LyP denominó un «Programa Empalme», de modo que «los trabajadores públicos que no sean requeridos puedan migrar al sector privado».
Eso se lograría, sostuvo, «estableciendo un período de dos años durante el cual los trabajadores estatales en disponibilidad seguirían cobrando su remuneración, mientras que se establecería un programa de incentivos tributarios para bajar los costos laborales no salariales a las empresas que los contraten».
«Este programa es una posibilidad concreta de cooperación entre la Nación y las provincias, ya que se podrían establecer incentivos en materia de contribuciones patronales», completó.
La Fundación remarcó que «no hubo una sola jurisdicción donde el empleo público se mantuviese estable o se redujera», en el marco de «un desorden en la administración de fondos provinciales, que a lo largo de 20 años comprometieron las cuentas públicas y que hoy deben afrontar sus obligaciones».
«Así como en los sistemas de pensiones es necesario tener más aportantes que beneficiarios, en la composición del empleo es fundamental que la parte privada supere a la pública, ya que la primera soporta a la segunda, y de otra forma el sistema se vuelve insostenible», aseguró el analista de LyP Valentín Gutiérrez, quien atribuyó la situación a «los malos incentivos que genera la coparticipación, que lleva a las jurisdicciones subnacionales a comportarse irresponsablemente, generando que en los últimos años aumentaran su personal de sobremanera, mucho por encima de la administración nacional».
Para el economista jefe Eugenio Marí, el incremento del empleo público provincial «no tuvo ningún justificativo posible», mientras que Lautaro Moschet subrayó que «esta dinámica es insostenible y a partir del incremento en el gasto público es que se genera la mayor carga sobre los privados».
Por último, el director de la Fundación, Aldo Abram recomendó que los ciudadanos se pregunten si la calidad de las prestaciones que recibe del estado provincial ha mejorado como para justificar el crecimiento del empleo público de su provincia.
«Creo que la respuesta será mayoritariamente negativa; lo que le dará un indicio de que probablemente se deba a que el aumento se justifica en ‘puestos para financiar la política’, ‘ñoquis’, o en un ‘seguro de desempleo’ encubierto», concluyó.
