El anuncio del gobierno electo de que minimizará todo lo posible el presupuesto de obra pública, para reemplazarlo por una remake del modelo de Participación Pública Privada (PPP), ya ensayado sin éxito durante el macrismo anterior, ha originado todo tipo de réplicas y conjeturas. Llamativamente, no se profundiza en la cuestión, con lo cual los diagnósticos estarían fallando desde la base.
Algo notable son las lecturas parciales del modelo “a la chilena”, citado como una subsidiariedad del Estado. En realidad, en el país trasandino, según el último informe oficial (ver al final de esta crónica), la erogación estatal, en último Presupuesto Nacional, alcanzó 4,1 del PIB (US$ 2.000 MM).
Como era esperable, la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), un gran abanico de lobbies de la Patria Contratista, como se la nombraba en la era pre menemista, con su reclamo, contribuye a distorsionar más la lupa. El presidente Gustavo Weiss ha advertido sobre una marea de telegramas de despidos tras la difundida entrevista radial del próximo ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y la ratificación de Javier Milei. Lo que no dicen unos actores y otros es que la obra pública en Argentina está cuasi paralizada. Mucho peor que lo ocurrido al final del gobierno de Mauricio Macri.
“Las reuniones de la CAC son un mar de lágrimas” dice un referente de la construcción ligada a la minería y energía que opto, según su testimonio, como otras tantas empresas a no licitar más con el Estado. “Tenés que cobrar cifras siderales porque te pagan mal y nunca los certificados de obra. Hay un pequeño club de amigos que se las arregla para pasarla mejor, pero los últimos cuatro años han sido los peores para el sector de la Construcción, probablemente en tres décadas, desde marzo el Estado dejó de pagar y hay honrosas excepciones como las obras fondeadas con asistencia externa”, completó.
En el mundo de las centenares de empresas constructoras de la argentina hay diferentes tribus, una es la que no contrata con el Estado y, por lo tanto, sufre la anemia de inversiones privadas. Otra es la que depende de licitaciones municipales, provinciales y de la Nación, que tiene mayor gimnasia en ajustes , retribuciones a la política y sin sabores a la hora de cobrar contratos y contribuciones.
El kirchnerismo, en colapso anímico para defenestrar la propuesta libertaria. Para ello invoca su última gesta exitosa, la construcción del gasoducto GNK, que produjo un derrame de trabajos y eficiencias, una verdadera mosca blanca en la actualidad argentina. La reversión del Gasoducto del Norte y otras obras energéticas proponían seguir esa senda. Aunque en el análisis macroeconómico y fiscal no estaba claro el financiamiento en caso de haber triunfado Sergio Massa.
Como decíamos, poco se habla de la cuasi parálisis de la obra pública nacional, provincial o municipal por el temor de que los funcionarios en los últimos 15 días de reinado se tomen revancha. Los constructores dicen que basta relevar lo que acontece con las constructoras en varias provincias. Un caso que la minería argentina conoce es el de San Juan, donde Sergio Uñac estaba haciendo más viviendas que caminos, pero desde marzo unas 60 empresas de diverso porte comenzaron a vivir el parate. El padrón de obreros afiliados a UOCRA bajó en la provincial de 10.000 a menos de 5.000 y el tobogán sigue, según el sector Los gastos de la eterna campaña electoral reasignaron recursos en desmedro del hierro, arena y combustibles para construir.
Contratar con el Estado en la Argentina siempre fue para audaces, más aún en tiempos de la cuasi hiperinflación que llevó a los certificados de obra a una dinámica de ajustes y reclamos. La obra pública es un páramo de cajas vacías.
Los empresarios constructores aseguran que en diversas provincias, por detrás de escena de la transición cordial y democrática hay nombramientos en la planta estatal, discos duros que se borran y budgets insuficientes para necesidades urgentes.
En las antípodas del mapa, Vaca Muerta y el litio del NOA precisan de caminos y otras obras. Hoy la construcción es una perdedera de dinero para el sector privado y las recetas levantan polémica: ¿Los operadores y proveedores pagarían un peaje para circular mejores rutas mineras y petroleras? La respuesta divide aguas, pero la situación es insostenible.
Hay más ejemplos, como que de Bahía Blanca hacia el sur la carga por la Ruta 3 no paga peaje y como los camiones chilenos entran por Bariloche y salen por Calafate para ahorrarse peajes, balsas y mapuches armados en la Carretera Austral de Chile.
Siempre siguiendo por el tema caminos, es probable que las provincias que se animen tengan menos resistencia a emprender cambios. Pero eso no terminará de resolver la crisis en los trazados nacionales. Un ejemplo es Salta y su famosa Ruta 51, adjudicada en su momento a una empresa cordobesa, que cobró anticipos sin ejecutar obras. Empresarios y gobernantes salteños se lamentan de la carretera tercermundista a la Puna. A pesar de que las grandes compañías del mineral blanco deberían transitar por ahí exportaciones vitales e insumos imprescindibles.
Javier Milei llamará a sesiones extraordinarias del Congreso para poner a prueba el sistema de alianzas y avanzar con sus reformas desde el gobierno más débil en el Parlamento desde que volvió la democracia. Y encima con utopías de cambio, que en el umbral del poder están mutando por el imperio de la realidad.
