La millonaria defraudación al Estado protagonizada por Franco Macri

Todo comenzó con una denuncia de la líder del GEN Margarita Stolbizer, aunque lo hizo en carácter de presidenta de la asociación civil Bajo la Lupa con la representación de la abogada Silvina Martínez.

Se trata de una presentación a la que denominó “Belgrano-gate” e involucra a más de 50 funcionarios públicos y que los hechos denunciados se dieron durante el período 2006/2013 atravesando de esta manera las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Todo comenzó a principios del 2004. El 8 de enero de ese año, el entonces presidente Néstor Kirchner le entregó la pericia al superministro de Planificación Federal, Julio de Vido, para que impulse el proceso de recuperación de la concesión del ferrocarril Belgrano Cargas. Ello quedó expuesto en el decreto número 24/2004.

Para tal propósito, se le brindó la facultad de recaudar las acciones de Belgrano Cargas Sociedad Anónima con el objetivo de que la “participación mayoritaria del capital social sea suscripta por nuevos accionistas”.

La Secretaría de Transporte, que por esos años estaba a cargo de Ricardo Jaime, era la encargada de “establecer los criterios para determinar las características, requisitos y criterios de selección que deberán cumplir los interesados en participar en el proceso de adecuación empresaria”.

Para el día 22 de junio del 2004, De Vido aprobó los cambios y modificaciones del estatuto del Belgrano Cargas y los pliegos y las bases y condiciones fueron homologadas el día 20 de agosto del mismo año.

No obstante, la convocatoria fue declarada desierta el día 3 de octubre del 2005, por lo que fue decretado el estado de emergencia de la presentación por un lapso de 180 días del servicio que tenía a cargo la empresa Belgrano Cargas S.A.

Por tal motivo, se le otorgó a la secretaría de Transporte la facultad de llevar a cabo las acciones necesarias para lograr la previsión presupuestaria correspondiente frente a la Secretaría de Hacienda con el fin de hacerse cargo del subsidio no reintegrable para lograr cubrir los costos que demandaran para garantizar el ejercicio de la empresa ferroviaria.

Para mediados de junio del 2006 se produce una especie de salvataje. Se trata de la firma de un contrato por parte del Estado Nacional, la empresa Belgrano Cargas y la empresa Sociedad Operadora de Emergencia Sociedad Anónima (SOESA).

La empresa gerenciadora fue creada en 2006, domiciliada en la calle Carlos Pellegrini 1363 piso 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que se presupone que fue fundada simplemente para que lleve adelante la acción aquí descripta.

Por tal motivo, el Belgrano Cargas pasó a ser operada por parte de un consorcio encabezado por el fallecido padre del expresidente Mauricio Macri, Franco Macri, hasta el 4 de febrero del año 2013.

Según el Anexo II del acuerdo, SOESA ostentaba la obligación de rendir cuentas dentro de los diez días de la finalización de cada mes. El subsidio no reintegrable constaba en la transferencia a la compañía de poco más de 22 millones y medio de pesos ($22.557.000) mensuales.

El tema es que desde el año 2006, momento en el cual se celebra el contrato, quedaron pendientes de rendiciones de cuentas o aprobaciones de la misma por un total de 2.167.478.155 pesos, excluyendo el valor de los intereses.

De esta cantidad que supera los dos mil millones de pesos, sólo fueron rendidos un 3,4%, es decir, aproximadamente 7 millones y medio de pesos.

Dicha irregularidad fue detectada por la Auditoría General de la Nación (AGN) quien señaló ciertas inconsistencias. A saber:

Dichas rendiciones “carecen de análisis o informe por parte de los sujetos intervinientes” (Estos son: la Secretaría de Transporte, la Comisión Fiscalizadora y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)).

También señala que quedaron a la vista “gastos que por su esencia y naturaleza no correspondía que fueran afrontados por el Estado Nacional”.

Asimismo asevera que SOESA “contrató obras, trabajos y servicios bajo un régimen privado” logrando que algunos trabajos sean adjudicados a “oferentes que bajo el régimen de contratación pública no podrían serlo” ya que el sistema es “más restrictivo”.

Incluso, advierte que los procedimientos por los que se llevaron a cabo las contrataciones “omiten la participación de la CNRT” por lo que resultan “insuficientes para garantizar los principios de transparencia”.

Además observa que, al analizar a los proveedores, se puede ver que aparecen empleados de la propia SOESA quienes no están inscriptos en impuestos por lo que no podían ser abastecedores ya que no tenían la posibilidad de emitir las facturas correspondientes.

A modo de ejemplo se cita el caso de uno de ellos quien figura en 42 oportunidades con gastos a su nombre por un valor de poco más de 1.250.000 pesos sólo en el mes de abril del 2011.

Como siguiente irregularidad se indica que se contrató a proveedoras y empresas estrechamente vinculadas societariamente con los integrantes de SOESA.

Una digresión al respecto: dicha empresa gerenciadora se encuentra integrada por la Sociedad Operativa Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFE), quien tiene el 80,2 por ciento de las acciones, el Sindicato de La Fraternidad, el sindicato de Unión Ferroviaria y la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de Diciembre.

El 9 de octubre de 2013 la empresa fue disuelta y en el 2016 se resolvió designar una nueva comisión liquidadora por tiempo indeterminado a cargo de Pedro José Militello y Guillermo Carlos Alemán.

Es dable destacar que la principal accionista de SOESA es la SOFE, la cual también fue creada en el mes de abril del 2006, domiciliada en Avenida Presidente Roque Saenz Peña al 1110 en la quinta oficina del tercer piso en la CABA.

Los principales accionistas de ésta eran la empresa SHIMA S.A. cuya titularidad era de Franco Macri y la empresa China Sanhe Hopefull; EMEPA S.A. del empresario Gabriel Romero y Benito Roggio Transporte S.A.

De la misma forma que SOESA, la SOFE también entró en liquidación y nombró como integrantes de su comisión liquidadora a Militello y Alemán.

Lo curioso es que absolutamente nadie impidió que las empresas aquí mencionadas sean disueltas y comiencen los trámites liquidatorios  a pesar de haber quedado pendiente la rendición de cuentas por un total de más de 2 mil millones de pesos.

Luego da ganar las elecciones en el año 2015, era el Gobierno del propio Mauricio Macri quien tenía la obligación de aprobar las rendiciones de cuentas, hacer el reclamo por las pendientes o, en su defecto, iniciar una acción judicial.

En ese sentido, el Ministerio de Transporte, entonces a cargo de Guillermo Dietrich, detectó que las rendiciones de cuentas correspondientes al Belgrano Cargas, en el período comprendido entre el 2006 y el 2013, no se encontraban tramitadas ni analizadas.

Hasta la fecha no existen informes sobre la rendición de cuentas, por tanto, la deuda persiste y los consecuentes intereses aún se encuentran corriendo.

Por los hechos aquí descriptos se puede concluir que el padre del expresidente habría incurrido en el delito de la Administración Fraudulenta en perjuicio de la Administración Publica vigente en el artículo 275 inciso 5 del Código Penal.