Un decreto desnuda la arbitrariedad con la que Rodolfo Suarez utiliza los recursos provinciales

Este jueves, el gobernador Rodolfo Suarez firmó el decreto 1575/2022 por el que se modifica el presupuesto de erogaciones con el fin de destinar 8 millones de pesos a la Dirección de Registro de Estado Civil y Capacidad de las personas.

Nada nuevo al respecto teniendo en cuenta que los presupuestos son modificados casi constantemente. Sin embargo, al observar los considerandos, puede notarse la falta de solidez argumentativa, tanto para solicitar el dinero como para otorgarlo.

Allí se pone como fundamento que “el mencionado financiamiento está destinado a cubrir los distintos gastos de la Repartición que hacen a su normal funcionamiento”. De por sí llama la atención que no se especifique cuáles son los gastos mencionados.

Asimismo argumenta que “a la fecha se estima que la recaudación superará el monto presupuestado”. Esto es básicamente utilizar como excusa que el dinero sobra y hay que gastarlo. Pero más allá de ello, es un grosero error no pedir explicaciones sobre el destino de los recursos, ¿acaso existe entidad financiera que entregue dinero tan fácilmente?

Cualquiera podría decir que no debiera ser tan fácil, pero según el artículo 11 de la –citada en el decreto- Ley Nº 8706, es el Tribunal de Cuentas, que maneja el cornejismo, quien se debe encargar del control de “la legalidad del proceso de gasto desde su inicio hasta la emisión de la orden de pago o instrumento que la reemplace”.

Por tanto, la arbitrariedad a la hora de repartir los recursos del Estado queda evidenciada ante tamaña irresponsabilidad, ya que no solo el ejecutivo provincial no pide explicaciones sobre el gasto ante la falta de argumentación de un organismo estatal, sino que es el mismo gobierno provincial quien, a través de “testaferros políticos” decide si la utilización de los mencionados recursos es legal. Un absurdo sin límites en una provincia cuya gestión es cada vez más errática y desquiciada.