Cómo será la campaña K, el regreso del escándalo de las Sputnik, y los negocios de Suarez y Cornejo
El gobierno de Cristina Kirchner acaba de cometer el error más grande de su existencia al convocar a dos de los personajes más cuestionados de la política argentina, Aníbal Fernández y Juan Manzur.
Ambos llegan con ostentosos cargos y una misión unívoca: ser los jefes de campaña junto a Martín Insaurralde. Este último circunscripto a la provincia de Buenos Aires.
También tendrán otro cometido: difuminar poco a poco la figura desgastada de Alberto Fernández. Uno y otro se moverán en tándem, con tareas bien definidas.
Manzur y Aníbal serán el “policía bueno” y el “policía malo”: el primero brindará la comunicación “amable” de los actos de gobierno, mientras de el flamante ministro de Seguridad será el que suavice las malas noticias. Con su estilo brutal.
Hará una especie de remake de Carlos Corach, aquel ministro del Interior de los años 90 que sabía hablar con los periodistas todas las mañanas en la puerta de su casa. A pedido de Carlos Menem.
Al igual que Corach, Aníbal es de amianto. Nada le importa ni nada tiene que perder. En su futuro no imagina aspiraciones políticas, apenas sí seguir haciendo los negocios ilícitos que desarrolla con tremenda impunidad, que le permiten ser uno de los hombres más ricos de la Argentina.
En sentido inversamente proporcional, Manzur sí ostenta ínfulas de querer ser presidente en 2023, en un plan al que ha bautizado bíblicamente “Juan 23”. Chocan sus intereses con los de Sergio Massa, Máximo Kirchner y otros referentes del Frente de Todos, que también se imaginan ocupando el esquivo sillón de Rivadavia.
Más allá de este último factor, le será complicado avanzar en sus pretensiones por sus propios antecedentes, que empiezan a trascender los límites de la provincia de Tucumán. Hay de todo como en botica: negociados, lavado de dinero, mafia de medicamentos, y mucho más.
Quien desee hurgar en ese submundo solo debe conseguir un ejemplar del revelador libro “A su salud”, de los periodistas Indalecio Sánchez, Fernando Stanich e Irene Benito. Lo que allí aparece escrito no solo debería clausurar definitivamente la carrera política de Manzur, sino que debería llevarlo tras las rejas.
Algo similar sucede con Aníbal, gran escapista de los entuertos judiciales, de los cuales sabe zafar con más cintura que Sergio “Maravilla” Martínez. Especialmente aquellos que se vinculan con el mundo narco.
Respecto de la campaña en sí, habrá un gran dispendio de dinero, que provocará la inevitable tracción inflacionaria. La repercusión no será inmediata ni se sentirá en el corto plazo, sino dentro de unos seis o siete meses. Cuando hayan concluido los comicios legislativos.
Este sábado el propio Alberto lo anunció en el partido bonaerense de Avellaneda, donde recorrió una feria de Dock Sud. Allí se sacó fotos con los vecinos y les pidió el voto para el Frente de Todos, con una carnada infalible: les anticipó que el gobierno trabaja en un nuevo plan social. Que se suma a los ya existentes.
Otro de los vértices en los cuales se sostendrá la campaña serán los movimientos sociales. Para entender cómo será la movida que viene, hay que seguir de cerca los pasos del Movimiento Evita, donde gravita fuerte Fernando “Chino” Navarro.
Este sábado, por caso, este último les prometió a Manzur y al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que mantendría “tranquila” la calle hasta noviembre.
En buen romance, les garantizó que no habrá incidentes que compliquen los planes electorales del kirchnerismo. Apenas sí alguna que otra marcha para complicar el tránsito porteño.
No obstante, no será ese el gran problema que deberá enfrentar el oficialismo sino el escándalo que está por estallar por las vacunas Sputnik. No solo porque su confiabilidad comenzó a ser cuestionada por la Organización Mundial de la Salud, sino también porque empiezan a aparecer cuestiones que bordean lo ilegal en torno al contrato que firmó el gobierno nacional con Rusia para su provisión. Que no se estaría cumpliendo, dicho sea de paso.
La oposición pide judicializar la cuestión, como corresponde en cualquier negociación trunca. Pero Cristina se niega a hacerlo, porque teme que se desnude la “letra chica”, que no aparece en el propio contrato.
A cambio, Putin regala silencio. Como hizo en las últimas horas a través de un escrito oficial destinado al Congreso Nacional en el cual se anticipó que no se responderá ninguna inquietud de la oposición, ni siquiera aquellas planteadas por la exministra de Salud de Mendoza, Claudia Najul.
El escándalo es mayúsculo y millonario, y promete escalar en el peor momento de la campaña. Una trama solo superada por los nexos de Insaurralde con el mundo del juego en la provincia de Buenos Aires.
Otro culebrón que preocupa a los K, principalmente a Axel Kicillof, a quien Cristina le ha impuesto al otrora intendente de Lomas de Zamora como jefe de Gabinete.
En esa trama se cruzan intereses duhaldistas, kirchneristas y menemistas, con negocios que rozan el tráfico de estupefacientes y el lavado de dinero.
En otro orden de cosas, hizo ruido esta semana la revelación exclusiva de Diario Mendoza Today, referida a los gastos personales de Sabina Frederic con fondos del Ministerio de Seguridad.
No se tratá del único desaguisado: la Subsecretaria de Gestión Administrativa, la mendocina Ana Haydeé Flamarique, hizo una onerosa compra de vajilla, también con fondos de esa dependencia.
Suarez y Cornejo ruegan que no salte ningún escándalo
En Mendoza, la campaña aún no arranca con fuerza. Apenas sí actos de ocasión de radicales y peronistas. Con mucha “territorialidad” por parte del Frente de Todos.
A diferencia que en Buenos Aires, en la provincia no hay grandes escándalos ni polémicas que compliquen a los principales candidatos.
De hecho, una de las jugadas del peronismo local es diferenciarse de la gestión nacional, no de manera explícita sino a través de pequeños gestos y declaraciones al pasar. Como suele decir este cronista, mastican vidrio pero no lo tragan.
Por su parte, el radicalismo jugará al statu quo, sosteniendo su usual postura de “laissez faire laissez passer”. Surfeando la ola, hasta que termine de pasar, en el lejano noviembre.
Intentando que no exploten algunos de los escándalos que complican al tándem Rodolfo Suarez/Alfredo Cornejo, como el negociado de los chalecos antibalas “flojos de papeles”, comprados al oscuro Gustavo Dorf.
“Los tipos van avanzando en la compra, es un hecho. No se hicieron las pruebas balísticas. Ojalá que no le pase nada a ningún policía porque sino lo van a lamentar”, explicó en las últimas horas el legislador provincial de Ciudadanos por Mendoza, Marcelo Romano. Al tiempo que anticipó que viajará a Buenos Aires para tratar de conseguir un documento en poder del juez Julián Ercolini: una “medida de no innovar”, que puede complicar los planes del Ejecutivo mendocino.
Más allá de la tozudez de Romano, la pregunta que persiste en el aire es otra: ¿Por qué el oficialismo mendocino insiste en querer comprar elementos sensibles a la seguridad que no han sido probados y que son comercializados por un hombre sospechado de corrupto? No hay explicación.
Como tampoco hay manera de entender por qué los medios de la provincia callan ante tamaño escándalo.
En realidad, sí hay explicación a esto último: se llama pauta oficial. Millonarias “paladas” de dinero que se comercializan, parte con los propios medios, y parte a través de terceras empresas, algunas de ellas “fantasmas”.
En un país serio, varios estarían presos ya por esto último. No solo funcionarios públicos, sino también empresarios periodísticos.
