Casinos y ludopatía en Mendoza: engaños, denuncias y lavado de dinero

Si fuera una película, sería de aquellas en las que se cruzan varias tramas al mismo tiempo y en las cuales terminan todas confluyendo en un mismo desenlace. De esas historias donde no parece haber buenos y malos y en las que los más perjudicados resultan ser los eslabones más débiles.

Es todo un culebrón que merece rememorarse a efectos de lograr entender cómo se llegó a la situación que vive hoy Mendoza, donde el juego y la ludopatía han crecido a lugares asombrosos, a pesar de los cierres de algunas salas que impulsó en su momento Alfredo Cornejo, que ahora está por revertir su sucesor, Rodolfo Suarez, con la apertura de dos nuevos establecimientos.

La trama dio comienzo en 2010, cuando 4 ciudadanos rusos, Oleg Starovoyt, Alexander Oseev, Vladimir Yurin y Serhiy Dolhanov, decidieron invertir 22 millones de dólares para llevar adelante un emprendimiento lúdico: un casino en la lejana Mendoza. Lejana para ellos, desde ya.

Por imposibilidad legal, lo hicieron asociados con dos personajes harto cuestionados, Rafael Augusto Garfunkel y Pablo Marcelo Goldszier. A partir de entonces, se decidió refrendar una sociedad denominada KLP, integrada por dos firmas: Grupo 5 y Promotora. Esta última integrada por los rusos.

Ello permitió que en diciembre de ese año el Winland —hoy Casino Condor— abriera sus puertas, gran pompa mediante.

A efectos de llevar adelante la “gerenciación” del lugar, se conformó una nueva sociedad, Zulú, integrada por Luis Olivares y Zunilda Torres. Esta nueva firma, junto a KLP, comenzó un camino que aparecía como de plena bonanza y fortuna. ¿Hay otra alternativa a un casino más que la posibilidad de ganar dinero y más dinero?

Pareciera que sí, ya que prontamente los socios de KLP decidieron tomar el control de la caja del casino y, para lograrlo, iniciaron una denuncia judicial contra Zulú. Las sospechas por supuesta administración fraudulenta habían empezado a hacerse carne a poco de haber empezado la sociedad entre unos y otros.

En la disputa terminó terciando Alfredo Fernando Dantiacq Sánchez, titular del Séptimo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas, cuando decidió intervenir el Winland.

En el medio, quedó el ostentoso rastro de denuncias cruzadas por irregularidades y desvío de fondos, con un botín nada desdeñable: 30 millones de pesos.

Pronto, la Justicia decidió darle la razón a KLP e impuso que la gente de Zulú no pudiera ingresar más al lugar. Ello se revirtió poco después, cuando otro juzgado decidió todo lo contrario: los antiguos gerenciadores ahora tenían permiso para hacerse cargo del negocio.

Por si ello no fuera suficiente, casi al mismo momento en que todo esto sucedió, aparecieron en Mendoza investigadores de la Unidad de Información Financiera a efectos de indagar en la misma cuestión, siempre con la sospecha de que en el Winland podría configurarse el delito de lavado de dinero.

Este cronista trabajaba entonces en Diario MDZ y fue convocado por los expertos a efectos de colaborar en la investigación.

Entonces, en medio del escándalo apareció otra disputa dentro de la propia sociedad KLP, toda vez que los rusos sospechaban que sus socios argentinos, Garfunkel y Goldzier, los habían “mejicaneado” en varios millones. La otra sociedad, Zulú, también ocultaba un conflicto propio, ya que sus socios protagonizaban en esas horas un escandaloso divorcio, con sospechas de infidelidad mediante.

Frente a todo lo descripto, nadie reparó en dos situaciones de alta relevancia: por un lado, la total inacción de Instituto de Juegos y Casinos; por el otro, el desinterés por parte de todos los actores respecto de los empleados del Winland, verdaderos rehenes en toda la disputa.

Ello, a su vez, en una provincia donde la oferta del juego está sobresaturada y, a pesar de los oportunos cierres, vuelve a crecer.

Esa triste marca se da en medio del incómodo debate por la creciente ludopatía en la provincia, motorizada por la pandemia. Fenómeno que se busca combatir a través de ineficaces programas que impulsa el Instituto de Juegos y Casinos.

Hay una sola verdad: la ludopatía decrece si decrece en igual proporción la oferta del juego.

Debe mencionarse que, mientras en Mendoza cada vez se permiten más tragamonedas, en México se decidió prohibir la instalación y operación de esas máquinas, al tiempo que se limitó la extensión del permiso para operar casinos. Quien lo llevó a cabo fue el entonces presidente Enrique Peña Nieto a través de una modificación del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

En sentido similar, en Ecuador y Brasil directamente decidieron no permitir el juego en sus territorios. La decisión tiene mucho que ver con el tema de la adicción al juego, aunque también con otra cuestión: se ha comprobado que detrás de la apertura indiscriminada de casinos se esconde el delito de lavado de dinero, principalmente de negocios como tráfico de estupefacientes.

Genera suspicacia que, a contramano del mundo, Mendoza insista en avanzar en la apertura de más salas de apuestas.

Para entenderlo, solo basta saber que se trata de un negocio millonario, que genera millones de pesos por mes. Cualquier voluntad puede comprarse con ese dinero. Cualquiera.

El precio es el que hoy se paga: unos pocos se vuelven millonarios, mientras que la sociedad se empobrece, no solo económicamente, sino también a nivel social.

Como se dijo, durante la gobernación de Cornejo bajó la cantidad de casinos que funcionan en la provincia. Sin embargo, la licitación de dos nuevas salas parece revertir esa política.

Según publicó diario Los Andes durante el pasado fin de semana, ya se conoce la licitación de una nueva sala en San Martín, que será la fusión de dos anexos del Casino de Mendoza, uno ubicado en el mismo departamento y otro en Rivadavia.

Los jugadores que aparecen en escena son conocidos: en la licitación compiten Desarrollos Maipú SA, cuya cara visible es el ex presidente de Boca Juniors Daniel Angelici; Traylon SA, en la que aparece Ricardo Benedicto, aunque se dice que detrás está el empresario K Cristóbal López; y Fuente Mayor SA, una empresa local de la familia Kristich.

De acuerdo a Los Andes, la otra sala que podría abrir próximamente viene por aval de la ley 5.775: “El Hotel Malargüe Inn & Suites tenía un planteo ante la Suprema Corte para poder abrir una sala bajo el amparo de esa norma; fuentes calificadas sostienen que inevitablemente el fallo sería favorable”, según el mismo matutino.

Buenas noticias para unos pocos, que se harán millonarios. Malas noticias para todos los demás…