Esta semana, el caso Provolo escaló a lugares insospechados luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidiera explicaciones al Vaticano por el caso de abusos a menores que se investigó —y aún se investiga— en Mendoza.
En concreto, la entidad internacional elevó a la iglesia católica un pedido de explicaciones y disculpas ante este caso -y otros más- donde religiosos abusaron de menores.
El informe de la ONU tuvo en cuenta las denuncias que fueron presentadas en febrero de 2020 por parte de una delegación de las víctimas de los abusos en aquel Instituto junto a abogados de la organización Xumek (que promueve y protege derechos humanos).
En esos días, los mencionados viajaron hacia Ginebra para reunirse con diferentes comités y relatorías de este organismo.
“Se detalla el accionar de la Iglesia Católica en el caso Próvolo de Mendoza, principalmente aquellas medidas vinculadas a proteger a los abusadores, encubrir los delitos, obstaculizar las investigaciones penales y evadir las reparaciones debidas a las víctimas, perjudicando así los procedimientos de búsqueda de justicia”, sostuvo al respecto Sergio Salinas, abogado de Xumek.
En tal sentido, la ONU ha pedido a la Iglesia Católica –que hoy dirige el papa Francisco- que se expida en un plazo de 60 días en donde se den explicaciones de este caso y de otros más que involucra a integrantes de la fe en casos de abusos infantiles.
En el caso de Mendoza el Próvolo albergaba a personas menores, con discapacidad y socialmente vulnerables.
Qué dice la reciente resolución de la #ONU sobre el Caso #Provolo :
“…Se presentaron denuncias penales contra las autoridades del Instituto ‘Antonio Próvolo’, institución educativa católica para personas con discapacidad auditiva, ubicada en la provincia de Mendoza”. (sigue) pic.twitter.com/VwlBJrTUYh
— Nacho of the Rose 💚🔟 (@nacho_delarosa) June 22, 2021
En lo que respecta al desarrollo judicial, los curas Nicola Corradi, Horacio Corbacho y dos civiles fueron condenados al hallarlos culpables, por otro lado, otras 9 personas fueron imputadas y se encuentran en pleno proceso de justicia, entre ellas se encuentran las religiosas Asunción Martínez y Kosaka Kumiko.
El pedido de la ONU —y de las organizaciones— interpela a la iglesia a dar respuestas claras ante estas situaciones aunque el problema de fondo es otro: este tipo de sucesos se repiten sistemáticamente en muchos lugares del mundo, a pesar del traslado de los religiosos de un lugar a otro, una acción evasiva que no resuelve la grave situación de fondo.
