En las últimas horas, integrantes de la comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, que preside Rolando Scanio (LUM), mantuvieron un nuevo encuentro en el que se profundizó el análisis sobre un expediente que promueve “regular los cercos eléctricos de seguridad para uso privado y/o público en el ámbito de la provincia de Mendoza”.
En primer término, se realizó un repaso sobre el articulado original del proyecto referido a cercos eléctricos (autoría de Duilio Pezzutti PJ-MC) sobre los que se efectuaron aportes y observaciones. Para dialogar sobre el tema concurrió a la comisión Emilio Abel, quien se desempeña en una empresa que realiza la colocación y mantenimiento de estos artefactos, y puso en contexto el tema con aspectos técnicos y aclaraciones sobre la disposiciones que siguen al trabajar con ellos.
Abel indicó que “no hay legislación” referida a la temática; sin embargo, se trabaja con la premisa de que todo aquel material que se coloca “no sea letal” y que se hace en función de proteger hogares rigiéndose por las homologaciones y reglamentaciones de los proveedores de los equipos.
El especialista aseguró que los equipos están vinculados a una “caja madre”, que suele estar oculta, en la que un transformador electrifica el cerco pero sin estar conectado a la línea de tensión domiciliaria, es decir, nunca ese cerco puede llevar conexión a la línea directa y la descarga que produzca no debe ser letal, porque a su vez, los equipos se encuentran generalmente conectados al sistema de alarma de la casa o a un avisador vinculado al teléfono celular que “avisa” sobre cualquier corte que se produzca en los hilos conducentes de tensión.
Entre los aspectos técnicos diferenció entre la tensión y la corriente, que se pueden poner diferentes hilos (generalmente se colocan con una distancia de 12 cm a 15 cm), que los colores utilizados son indistintos, y que siempre se coloca cartelería indicativa.
Ante la consulta de los legisladores, aseguró que “hay mucha demanda” últimamente por estos sistemas de protección en comparación con las “concertinas” (alambres con filamentos y/o de púa) ya que si bien “la concertina no se puede electrificar”, y se coloca uno u otro sistema de protección, quienes quieren delinquir arrojan una frazada o tela gruesa por encima de la misma para no sufrir cortaduras y saltan el obstáculo. De ahí, según Abel, el crecimiento de los pedidos de los cercos eléctricos.
Sobre los proveedores, Emilio Abel indicó que la gran mayoría se encuentra en Buenos Aires, que en Mendoza son “contados con la mano” los que pueden producir estos materiales, y que ellos, como trabajadores de estas áreas, se apoyan en la homologación de los equipos que compran para instalar regidos fundamentalmente en que “no sean letales”. “Hay distintos fabricantes”, sintetizó.
En definitiva, y ante las propuestas de los legisladores, el especialista se mostró de acuerdo en que se efectúen cursos de capacitación, mantenimiento para homologar equipos y también a las personas encargadas de estos temas, y que se reglamenten algunos artefactos.
Por otra parte, el debate entre los legisladores continuará sobre la autoridad de aplicación que determinarán en la legislación, puesto que creen que es de efectivo trabajo en los municipios estos requerimientos (por las realidades urbanas, rurales y demás que existen en la provincia); y porque a su vez, se debe realizar un repaso sobre las homologaciones nacionales que haya en relación.
Acordaron también en la mesa que la redacción final del proyecto debe definir textualmente los niveles a los que deben trabajar los equipos de electrificación de los cercos, normalizando las disposiciones.
