La “mafia” de las falsas denuncias en Mendoza: complicidades, injusticias y expedientes amañados

Mariela quiere separarse de Diego, pero Diego no quiere separarse de Mariela. Entonces, Mariela decide pedir consejo a sus amigas. Una de ellas le regala la solución: “Denuncialo por violencia de género o abuso sexual y lo sacarán inmediatamente de la casa que comparten”.

Mariela no duda: se dirige a la oficina fiscal más cercana y hace la presentación contra Diego. Plagada de falsedades. Ahora, todo es cuestión de tiempo.

Horas más tarde, la policía va a buscar al hombre y se lo lleva detenido sin decirle por qué. Diego se presta, confiado en que se trata de algo menor. Pero no.

Será el comienzo de su pesadilla. Años de estar en prisión a pesar de su inocencia. Mariela se arrepentirá en algún momento y retirará la denuncia, pero ya es tarde. El Ministerio Público Fiscal actúa por cuenta propia.

El caso es real e incluso sucedió en Mendoza, sólo se han cambiado los nombres por pedido de los involucrados.

Si ello suena grave, más aún lo es que se trata sólo de uno de los tantos casos que se dan en la provincia. Sin que a nadie se le mueva un pelo.

Los medios de prensa callan al respecto y los funcionarios judiciales —algunos de ellos, en realidad— son cómplices de lo que sucede.

Los sospechosos de siempre

Los tipos son una mafia. En el sentido más literal de la palabra. Porque manejan todos los resortes del Estado. Al menos a nivel Judicial.

Lo curioso es que muchos de ellos son funcionarios que abrevan en la Justicia mendocina. Ergo, deberían estar abocados a impartir Justicia. O hacer lo posible para que ello ocurra. Y nada que ver.

Son parte de una práctica maldita, que refiere a las “falsas denuncias” de abuso sexual o violencia de género, que han florecido como “hongos” en la provincia en la última década.

Se aclara que nada tiene que ver con las presentaciones genuinas de mujeres que realmente han sido abusadas por hombres, actitud fuertemente repudiable de parte de estos últimos, que merecen ser condenados por ello.

Lo que aquí se contará es otra cosa: presentaciones judiciales que ostentan una intencionalidad de generar un daño concreto a una persona sólo por cuestiones de venganza. La lectura de los expedientes de marras deja al descubierto lo “trucho” de la cuestión.

Peritajes que contradicen a las denunciantes, relatos que varían de acuerdo a la ocasión, y muchas otras irregularidades, que la Justicia pasa por alto por cuestiones que carecen de explicación.

Ello viola las garantías básicas del derecho, porque invierte la carga de la prueba. Uno ya no es “inocente” hasta que se demuestre lo contrario, sino que es “culpable” hasta que se pruebe que no lo es.

Un caso emblemático es el de Nelson Rafael Madaf, ciudadano puntano y trabajador de la construcción, quien fue acusado de asesinar a una joven llamada Claudia Díaz en 1989.

El hombre fue ferozmente torturado —lo torturaron y hasta le quitaron los dientes con vidrios de botellas— y permaneció preso durante dos años en condiciones infrahumanas.

El caso culminó cuando, en febrero de 1998, alguien encontró con vida a la supuestamente asesinada, Claudia Díaz, quien había abandonado San Luis por propia voluntad, con motivo de los castigos de su padre. Se había radicado en San Juan.

Ello es un botón de muestra de lo que ocurre en Mendoza, donde los casos se multiplican mes a mes. Hay complicidades varias. Una de ellas del Equipo de Abordaje de Abusos Sexuales (E.De.A.A.S), que depende del Ministerio Público Fiscal.

El nombre apuntado allí es Francisco Izura. Pero hay otros. Incluso fiscales, que serían parte del engranaje: Virginia Rumbo y Darío Nora.

Sus nombres aparecen una y otra vez en el relato de puntuales referentes de la Asociación Verdad y Justicia de Mendoza, una agrupación que aglutina a cientos de personas que sufren la pandemia de las “falsas denuncias”.

Se trata de madres, esposas e hijas, que buscan que alguien las escuche. Portan sus expedientes judiciales de un lado a otro, para que les crean. Pero nadie las escucha.

Diario Mendoza Today decidió prestar atención a sus testimonios y leer los documentos que portan consigo. Incluso habló con los abogados de la asociación, Lucas Soler y Santiago Nieto. Lo que surgió de allí es terrible, imposible de digerir.

Casos de personas inocentes, probadamente inocentes, con sus garantías procesales violentadas y sin posibilidad de revertir sus derroteros. Muchos de ellos llevan años en prisión, con sus familias completamente destrozadas.

Ello se contará en sucesivas notas periodísticas. Ahora mismo lo relevante es poner el tema sobre el tapete, para exponer una realidad incómoda, que ya no puede taparse bajo la alfombra. No más.