La Justicia de Mendoza condenó al Arzobispado y a dos monjes del Cristo Orante a pagar una indemnización por abusos sexuales y psicológicos durante cinco años.

El joven que había ingresado al monasterio buscando fe y vocación vivió, según su propio relato, una pesadilla silenciosa. Abusado sexual y psicológicamente por dos monjes de la comunidad ubicada en Gualtallary, Tupungato, tardó años en poder nombrarlo. Y cuando lo hizo, la institución que debía escucharlo tardó demasiado en actuar. Ahora, la Justicia Civil de Mendoza lo reivindicó: condenó al Arzobispado de Mendoza y a los ex monjes Diego Roque Moreno y Jorge Oscar Portillo a pagarle $18.592.000 en concepto de daños y perjuicios.

Una fe convertida en trampa en Cristo Orante

Los hechos ocurrieron entre 2009 y 2014. El joven, aspirante dentro de la comunidad monástica, describió ante la Justicia un mecanismo de sometimiento que combinó el abuso físico con una profunda manipulación espiritual. Tan poderosa fue esa influencia que, según confesó, llegó a creer que lo que vivía era algo que "Dios permitía". Esa confusión -fabricada desde la autoridad religiosa de sus superiores y alimentada por su propia fe- lo paralizó durante años y le generó una culpa que no le pertenecía.

Es justamente ese punto el que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza puso en el centro de su análisis al reavivar la causa penal en marzo de 2026: en contextos de jerarquía religiosa y dependencia espiritual, el silencio no es consentimiento.

La denuncia que no avanzó

En 2015, la víctima llevó su relato ante el propio organismo eclesiástico provincial. La causa no prosperó. Tres años después, en 2018, agotada la vía interna, radicó la denuncia penal ante la Justicia mendocina. En 2019, el arzobispo Marcelo Colombo salió a decir públicamente que la Iglesia no había ocultado nada y que estaba "a disposición de lo que determine la justicia". La gravedad de los hechos, sin embargo, ya había llevado a la institución a ordenar el cierre definitivo del monasterio.

Un sobreseimiento que la Corte anuló

En diciembre de 2022, el juez Diego Lusverti dictó el sobreseimiento de Moreno y Portillo por "falta de pruebas", cerrando temporalmente la puerta del juicio oral. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella apelaron la decisión.

En marzo de este año, la Suprema Corte les dio la razón. Los ministros Mario Adaro y José Valerio determinaron que el cierre había sido arbitrario: se ignoraron informes psicológicos, se descartaron testimonios de profesionales clave y se interpretó el silencio del denunciante como si fuera conformidad. El tribunal fue claro: esa lectura era sesgada y no contemplaba la asimetría de poder que rigió el vínculo entre los monjes y el joven.

El fallo civil y lo que falta

Con la condena civil ya firme, el Arzobispado deberá responder económicamente no solo por los hechos, sino también por no haber actuado a tiempo cuando la víctima golpeó sus puertas en 2015. 

Moreno y Portillo, en tanto, fueron condenados a pagar su parte de la indemnización por los abusos, la manipulación y la vulneración de derechos.

En el plano penal, la causa regresó a la Justicia del Valle de Uco, que deberá definir si eleva el expediente a juicio oral. 

La anulación del sobreseimiento no implica una condena definitiva, pero sí cierra el camino a un cierre apresurado: los hechos del Cristo Orante tendrán que ser debatidos en profundidad ante un tribunal.