A mediados de 2024, una serie de abusos sexuales contra alumnos de una escuela primaria del distrito de El Desaguadero, La Paz, se destaparon durante el desarrollo de una clase de Educación Sexual Integral (ESI). En ese espacio institucional, un estudiante relató los vejámenes sufridos y señaló directamente al docente José Naim Jofré Emin, revelando además que otros compañeros habían pasado por la misma situación. 

Tras tomar conocimiento de los hechos, las autoridades judiciales citaron inicialmente al sospechoso, quien en un principio solo brindó una declaración informativa al no contar la causa con pruebas urgentes en ese momento.

A medida que la instrucción avanzaba con la recepción de nuevas denuncias de los padres y la incorporación de las declaraciones de las víctimas en Cámara Gesell, la situación del educador se complicó severamente. Ante el avance de la investigación, Jofré Emin abandonó la provincia de Mendoza y se radicó en el sur del país, lo que motivó un pedido de captura internacional por parte de la fiscalía actuante. Finalmente, el imputado terminó siendo detenido el 14 de agosto del año pasado por la División Delitos Complejos en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, desde donde fue trasladado a un penal mendocino.

El jueves, casi diez meses después de su captura, el caso sumó su capítulo resolutivo durante una audiencia preliminar al juicio oral que debía enfrentar el profesor. En dicha instancia, el fiscal de La Paz-Santa Rosa, Héctor Gustavo Rosas, llegó a un acuerdo con la defensa técnica del imputado para definir la causa mediante la vía de un juicio abreviado final. Ante este escenario, el acusado optó por confesar de forma expresa los delitos atribuidos para evitar el debate común.

Frente al juez Armando Martínez, Jofré Emin reconoció formalmente haber cometido los tocamientos contra los nueve alumnos de la escuela en la cual se desempeñaba formalmente. A raíz de la aceptación de los cargos, el magistrado del Tribunal Penal Colegiado N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial homologó el pacto entre las partes y dictó la sentencia definitiva, aplicando una pena de ejecución efectiva para el agresor.

El tribunal condenó formalmente al docente a la pena de cuatro años de prisión como autor penalmente responsable de nueve hechos de abuso sexual simple, agravado por su condición de encargado de la educación de las víctimas, todos en concurso real. 

Tras conocerse el veredicto, fuentes allegadas al caso señalaron que algunos familiares de los menores afectados expresaron un profundo descontento con el fallo, al considerar que el castigo impuesto resultó insuficiente frente al daño ocasionado.