En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación corrió traslado a Mendoza y al Gobierno Nacional para que respondan en un plazo máximo de 10 días al planteo que realizó la provincia de La Pampa sobre el conflicto por el río Atuel.

Se trata de la respuesta legal que dio el máximo tribunal de justicia de la Nación a la presentación de La Pampa de un informe técnico que está basado en datos oficiales publicados por Mendoza y fue elaborado en el seno de la CIAI pampeana.

Según el portal pampeano Ya te cuento, en dicho informe se demuestra que el incumplimiento a la sentencia judicial por parte de Mendoza obedece a una mera conducta de apropiación del agua y al manejo absoluto, unilateral e ineficiente que realiza. Y no a una imposibilidad fáctica.

Según la vecina provincia, se habría verificado que, “si Mendoza tuviese la voluntad de cumplir con el caudal dispuesto, lo podría hacer sin problema alguno sin afectar sus usos destinados a riego”.

El portal referido explica que en el informe técnico “se pueden observar acciones de manejo por parte de Mendoza que demuestran un derroche de agua y que alejan la posibilidad de cumplimiento del fallo, como por ejemplo un sobreriego, tendiente a recargar el perfil del suelo y así alimentar a las aguas subterráneas y las perforaciones en la zona, buscando reducir el agua sobrante y, por ende, disminuir el agua disponible que escurriría hacia La Pampa”.

También se habrían confirmado derivaciones de agua con destino redes de riego a parcelas abandonadas, a redes sin impermeabilizar o a la propia red drenaje, sin justificaciones en esta época del año, tanto desde el abastecimiento o al desarrollo de los cultivos.

Además, se habría acreditado el llenado de más reservorios en el área de riego. Desde 2020, año del fallo, se incrementaron de 160 a 260.