En octubre de 2025, el Senado de Mendoza aprobó un proyecto de ley presentado por los senadores justicialistas Adriana Cano, Mercedes Derrache, Cristina Gómez, Mauricio Sat, Pedro Serra y Gerardo Vaquer, que busca regular el funcionamiento de las Escuelas de Verano en la provincia. La norma tiene como objetivo garantizar estándares mínimos de seguridad, organización y calidad, los cuales podrán ser ampliados o complementados por las jurisdicciones municipales.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión. Sin embargo, la norma quedó olvidada en la memoria de los tiempos. Ello impulsó a un grupo de ciudadanos y legisladores a hacer presión para que termine de sancionarse.

“Ojala la nueva composición de diputados impulse el tratamiento y sanción para que nuestros pequeños estén más seguros“, sostuvieron los impulsores.

La idea de la norma es que las Escuelas de Verano sean declaradas actividades de interés provincial, de carácter formativo y educativo, con finalidad recreativa y pedagógica. Ello orientado al desarrollo de habilidades lúdicas, sociales y personales; la promoción de la vida al aire libre y el cuidado del medio ambiente; la transmisión de valores de compañerismo e integración; el fomento de la actividad física y deportiva; y la contribución a la organización familiar y laboral durante el período estival.

La propuesta alcanza a organizaciones públicas y privadas, con o sin fines de lucro, clubes, sindicatos, cooperativas, centros deportivos y cualquier otra persona física o jurídica dedicada a la actividad formativo-educativa en el marco de las Escuelas de Verano en Mendoza. El texto en cuestión reconoce tres tipos de escuelas:

Privadas, que funcionen entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero, prestando servicios a título oneroso. Públicas, organizadas por entidades estatales y de acceso gratuito. De invierno, que desarrollen actividades similares durante el receso invernal.

Todas las instituciones deberán inscribirse en el Registro Provincial de Instituciones Deportivas, regulado por la Ley Nº 6457, con una antelación mínima de treinta días al inicio de las actividades, y renovar su registro anualmente.

Entre los requisitos establecidos para su habilitación se incluyen la presentación de un proyecto pedagógico, la habilitación municipal del establecimiento, la contratación de seguros de responsabilidad civil y de emergencias médicas, así como la designación de un responsable técnico pedagógico con título habilitante.

El proyecto también determina la proporción máxima de alumnos por docente y auxiliar, la obligatoriedad de la inclusión de niños y adolescentes con discapacidad, y las condiciones de seguridad para el uso de piletas, que deberán contar con guardavidas, cierres perimetrales, planes de contingencia y capacitación en técnicas de rescate y reanimación.

Asimismo, se establece la necesidad de mantener vigente un seguro de responsabilidad civil y un contrato de cobertura médica de emergencias, bajo pena de clausura inmediata en caso de incumplimiento. Los municipios podrán requerir servicios médicos permanentes según la cantidad de asistentes y el tipo de actividades desarrolladas. Además, la norma regula las actividades con pernocte, que deberán contar con autorización de los padres, cobertura médica y transporte habilitado.

Por último, la norma dispone una cláusula transitoria que otorga un plazo de 180 días para que las Escuelas de Verano ya existentes tramiten su inscripción en el registro provincial.

 

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