Dos primos de 21 y 23 años resultaron detenidos en la localidad de Cañada Seca, San Rafael, tras ser identificados como los presuntos cerebros de una compleja organización criminal dedicada a la defraudación con tarjetas de crédito.

La investigación, liderada por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, determinó que los jóvenes operaban desde el anonimato de su hogar rural para afectar a cientos de víctimas en diversas provincias argentinas. El perjuicio económico estimado por los pesquisas superó los 70.000 dólares, configurando un esquema de asociación ilícita que mantuvo en vilo a las autoridades durante más de un año.

El mecanismo delictivo se basaba en una sofisticada combinación de engaño digital y plataformas de uso cotidiano. Según los peritajes, los acusados utilizaban técnicas de phishing para capturar datos bancarios a través de sitios web falsos que simulaban ser entidades oficiales. Una vez obtenida la información de las tarjetas, canalizaban el dinero mediante la plataforma “Cafecito”, realizando micropagos de entre 3.000 y 6.000 pesos para no levantar sospechas entre los titulares de las cuentas ni en los sistemas de seguridad de los bancos.

El tercer eslabón de la maniobra consistía en el blanqueo de los fondos obtenidos ilícitamente a través del mercado de activos digitales. Los detectives lograron establecer que el dinero recaudado en las microdonaciones era rápidamente redirigido hacia la compra de criptomonedas para borrar el rastro financiero.

Durante los operativos, el Ministerio Público Fiscal logró secuestrar y resguardar más de 127 unidades de USDT (monedas estables vinculadas al dólar), las cuales fueron transferidas a cuentas judiciales como parte de la evidencia recolectada en el expediente.

Cómo fue el operativo

Bajo las órdenes de la fiscal Gabriela García Cobos, la División Delitos Económicos de Investigaciones desplegó cinco allanamientos simultáneos que culminaron con la captura de los sospechosos. En los procedimientos se incautó un arsenal de tecnología que servía de soporte para las estafas, incluyendo una MacBook, múltiples CPU, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento de gran capacidad.

Además del material digital, los efectivos hallaron armas de fuego en las viviendas, entre ellas una pistola calibre 22 y escopetas, elementos que también fueron incorporados a la causa judicial.

Los detenidos enfrentaron cargos por defraudación con tarjeta de crédito mediante el uso no autorizado de datos en concurso real con asociación ilícita, delitos que no contemplan la posibilidad de excarcelación.

La fiscalía sostuvo que no se trató de hechos aislados, sino de una estructura organizada con una lógica operativa clara y un alcance nacional sin precedentes en la región.