Un agente de la Unidad Motorizada de la Policía de Mendoza quedó en una situación judicial y administrativa sumamente delicada tras provocar un violento siniestro vial en la mañana del pasado domingo en Godoy Cruz.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Paraguay y Paso de los Andes, cuando el hombre de 31 años, que circulaba en un Fiat Siena rojo, impactó contra un Renault Megane. Tras el arribo de las autoridades, el test de alcoholemia confirmó que el efectivo conducía con 1,43 gramos de alcohol por litro de sangre.

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Según la reconstrucción preliminar basada en testimonios de testigos, el policía habría cruzado el semáforo en rojo, impactando la parte trasera del otro rodado que transitaba por la calle Paraguay. Debido a la violencia del choque, el vehículo embestido realizó un trompo y terminó incrustado en una acequia. Como consecuencia del impacto, dos mujeres que viajaban en el Renault sufrieron heridas de consideración, entre ellas una fractura de húmero, lo que motivó su traslado de urgencia al Hospital Lagomaggiore.

La situación del uniformado se agravó debido a su comportamiento inmediatamente posterior al accidente, ya que intentó desligarse de la responsabilidad afirmando que él no era quien conducía el rodado. No obstante, el testimonio clave de una vecina que presenció el momento exacto del choque desmintió su versión, asegurando que vio al hombre descender del asiento del conductor. Esta declaración permitió que el personal de Tránsito de Godoy Cruz procediera con las actuaciones legales y el secuestro del vehículo particular del agente.

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Actualmente, la Inspección General de Seguridad (IGS) inició un sumario administrativo que podría derivar en sanciones severas, tales como el pase a disponibilidad o la cesantía definitiva de la fuerza. El organismo, junto a la Justicia, analizó las pericias para determinar la velocidad a la que circulaba el sospechoso en una zona céntrica del departamento.

Por su parte, el conductor del vehículo afectado dio resultado negativo en el control de alcoholemia, lo que reforzó la carga probatoria contra el funcionario estatal.