El Gobierno de Mendoza oficializó el pasado lunes la reglamentación que faculta a los ciudadanos a enviar fotos y videos de infracciones de tránsito a través de canales digitales y mensajería instantánea.

Mediante la incorporación del artículo 120 bis a la Ley 9.024, la Provincia habilitó vías oficiales para que cualquier persona pueda aportar pruebas sobre conductas temerarias al volante y así ampliar la vigilancia en las calles y rutas del territorio.

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La nueva normativa establece que el aporte de imágenes funciona bajo la figura jurídica de “comunicación ciudadana”, lo que significa que el envío no genera una denuncia formal de manera automática. El material es recibido por el Ministerio de Seguridad y Justicia, junto a las áreas municipales, a través de enlaces web y números de WhatsApp específicos. No obstante, las autoridades aclararon que el sistema cuenta con filtros de seguridad para descartar contenidos que no correspondieran a la jurisdicción o que presenten indicios de manipulación o falsedad.

El proceso administrativo para la aplicación de sanciones se activa una vez que la autoridad de aplicación identifica datos suficientes en el archivo recibido, como el dominio del vehículo y la naturaleza de la falta. En tales casos, se elabora un informe preliminar que es remitido al Juzgado Vial competente para su evaluación técnica. Según el texto oficial, la dependencia receptora no certifica la autenticidad total del archivo, sino que delega en los jueces viales la responsabilidad de validar la información antes de proceder con la multa.

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Este mecanismo se orienta principalmente a combatir infracciones recurrentes y de alta peligrosidad, tales como el sobrepaso en doble línea amarilla, el cruce de semáforos en rojo o la conducción utilizando el teléfono celular. Los jueces viales están dotados de la potestad de emplear herramientas tecnológicas adicionales para verificar la integridad de los videos y asegurar que no existieran ediciones previas.

De esta forma, la implementación de este sistema de “cámaras testigo” pretende multiplicar la capacidad de control estatal a través de la colaboración ciudadana, por lo que el Ejecutivo provincial confía en que la posibilidad de ser grabado por otros conductores funcione como un elemento disuasorio frente a la imprudencia al volante.

Con esta estrategia, Mendoza busca generar un cambio cultural en el respeto a las normas de tránsito, bajo la premisa de que cualquier maniobra indebida puede ser reportada en tiempo real a las autoridades competentes.

Finalmente, el Gobierno destacó que esta herramienta no reemplazará la labor de los inspectores, sino que complementará las tareas de prevención y sanción en todo el Gran Mendoza y el interior provincial.