El interbloque de senadores del peronismo, que tiene entre sus filas a la mendocina Anabel Fernández Sagasti, le solicitó a la Justicia que le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria al ex funcionario Julio De Vido.

El ex ministro de Planificación Federal se encuentra detenido en el penal de Ezeiza desde finales de 2015, momento en que la Corte Suprema confirmó su condena por la recordada Tragedia de Once.

En el documento que hicieron llegar al Tribunal Oral Federal N°4, los opositores manifestaron su “más profunda preocupación por el estado de salud de Julio De Vido y por las condiciones de detención a las que se encuentra sometido, las cuales, prima facie, resultarían incompatibles con el ordenamiento jurídico vigente”.

Los legisladores sostuvieron que el ex funcionario kirchnerista “cuenta con 76 años de edad, padece diabetes insulinodependiente y presenta antecedentes de lesiones coronarias severas, circunstancias que configuran un cuadro de especial vulnerabilidad que se ve agravado por su permanencia en una unidad penitenciaria”.

Por otra parte, apoyándose en la Ley de Ejecución de la Pena (N° 24.660), señalaron que, “el interno reuniría las condiciones objetivas para acceder al régimen de prisión domiciliaria, en virtud de su edad avanzada y su estado de salud”.

Para el sector encabezado por José Mayans, “se advierte un tratamiento ostensiblemente desigual respecto de otros internos en condiciones análogas, a quienes sí se se les ha concedido dicho beneficio, incluso en casos de condenas por delitos de extrema gravedad, como los delitos de lesa humanidad”.

“La persistencia en la negativa a conceder el beneficio de la prisión domiciliaria, frente a un cuadro de salud delicado y una edad avanzada, podría interpretarse como un apartamiento de los estándares constitucionales e internacionales aplicables, así como una eventual manifestación de arbitrariedad en la actuación judicial”, añadieron.

Por último, indicaron: “Exhortamos a adecuar su actuación a los principios de legalidad, razonabilidad, igualdad y humanidad que rigen la ejecución de la pena, adoptando las medidas necesarias para garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales involucrados“.

Además del acompañamiento de la mendocina, el documento lleva la firma de Mayans, Juliana Di Tullio,  Jorge Capitanich, Martín Soria, Mariano Recalde, Florencia López, José Neder, Ana Marks, Adán Bahl, María Celeste Giménez Navarro, Cristina López, María Teresa González, Fernando Rejal, Marcelo Lewandowski, Daniel Bensusán, Eduardo “Wado” de Pedro, Gerardo Zamora, Elia Moreno, Sergio Uñac, Carlos Linares, Alicia Kirchner, Lucía Corpacci y Juan Manzur.