La gestión del gobernador Alfredo Cornejo enfrenta por estas horas un desafío realmente complejo en un momento en el que los chicos vuelven a las aulas en el inicio del ciclo lectivo de este año.

La realidad es que hoy el Gobierno de Mendoza debe sostener el sistema educativo en medio de conflictos con la Casa Rosada por el recorte de fondos que viene llevando a cabo el presidente Javier Milei.

En tal sentido, la provincia debió reestructurar los movimientos de los fondos públicos en un intento por cubrir un agujero nebgro que ya supera los 18 mil millones de pesos por deudas acumuladas y la eliminación de ciertos fondos nacionales.

Es aquí donde se puede posar la mirada en el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) una partida que durante mucho tiempo fue un respaldo para garantizar un salario básico y que, luego de ser eliminado por el Gobierno Nacional, Mendoza se vio obligada a desembolsar 8.600 millones de pesos para evitar, con poco éxito, que caigan aún más los ya alicaídos sueldos del personal educativo.

El equilibrio es totalmente precario. Por un lado el Gobierno local debe mantener la afinidad ideológica con la Casa Rosada y el ajuste que pregona Milei, pero por el otro se ve obligado, junto con una decena de provincias, a impulsar un proyecto de blindaje educativo.

Se trata de una iniciativa que lo que busca es dar cierta previsibilidad por ley a los recursos escolares para que los mismos no queden afectados al humor o la ideología política de los oficialismos de turno.

La disputa va mucho más allá de una simple planilla de Excel y pone en el centro del debate la erosión del salario real que percibe tanto personal docente como no docente de las instituciones educativas de la provincia.

Hoy, en Mendoza, un docente de jornada simple percibe poco más de 750 mil pesos mensuales, una cifra que se ubica muy por detrás de lo necesario en un contexto inflacionario que, pese al desaceleramiento, no da tregua.

En esa línea, la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza debió recurrir al ingenio y terminó por lanzar el Fondo Inicio, una inversión propia destinada a más de 1500 establecimientos de la provincia para reparaciones urgentes de infraestructura que antes se cubrían con programas de obra pública nacional hoy extintos. 

Es por ello que se dice que la provincia se convirtió en un laboratorio de modelo de resistencia fiscal, ya que mientras reclama ante Nación el pago de deudas que datan, en casos, del 2023, intenta no dinamitar el sistema educativo que muestra señales de alerta en sus indicadores de aprendizaje.

En un escenario donde aún no están jugadas todas las cartas vale preguntarse: ¿Hasta cuándo podrá Mendoza pagar la cuenta de la Nación? ¿Cuáles serán los próximos pasos del Gobierno de Cornejo para que la Casa Rosada envíe los fondos necesarios para aliviar las arcas públicas de la provincia? Todo eso está por verse.