Nos dijeron que la economía de plataformas venía a ordenar, a generar oportunidades y a dar libertad, pero lo que vemos cada vez con más claridad es otra cosa: un modelo que avanza más rápido que las reglas y que, en ese desfasaje, empieza a tensionar el trabajo, la competencia y el rol del Estado.

En Mendoza, esto se ve con nitidez en las plataformas de transporte. Existe un marco legal que las reconoce, pero no hay controles suficientes, ni límites claros, ni herramientas modernas para fiscalizar un sistema que funciona en tiempo real. Todo queda librado a una lógica de oferta y demanda que, sin reglas, termina desordenando el mercado más de lo que lo organiza.

Ese desorden tiene consecuencias concretas. Muchas personas encontraron en estas plataformas una salida laboral rápida tras perder su empleo, invirtieron lo que tenían para poder trabajar y sostenerse. Sin embargo, cuando la oferta crece sin ningún tipo de regulación, la ecuación deja de cerrar. El ingreso se vuelve inestable, el esfuerzo se multiplica y la promesa de autonomía se transforma en una forma de subsistencia cada vez más frágil.

El impacto no se limita a quienes trabajan en plataformas, también alcanza a los sectores tradicionales que cumplen normas, pagan impuestos y sostienen estructuras formales. La competencia deja de ser pareja y eso empuja a todo el sistema hacia abajo. En ese mismo contexto, las economías regionales también muestran señales de deterioro: según datos recientes, de 19 actividades productivas relevadas en el país, más de la mitad se encuentran en crisis o estancadas, con precios que no acompañan los costos y una rentabilidad cada vez más ajustada. Esto evidencia que no se trata de fenómenos aislados, sino de un modelo que, sin reglas claras, tiende a debilitar tanto el trabajo como la producción.

Frente a este escenario, la discusión no es si el Estado debe estar o no, sino cómo debe estar. La ausencia de regulación no es neutral: favorece a quienes pueden moverse sin límites y deja en desventaja a quienes sí cumplen reglas. El desafío es modernizar la capacidad del Estado para acompañar estos cambios, fiscalizar de manera inteligente y establecer condiciones claras que permitan que la economía crezca sin perder sostenibilidad.

Ordenar no es frenar, regular no es prohibir, es simplemente garantizar que la innovación no se construya sobre la incertidumbre de miles de trabajadores y que el desarrollo económico no sea solo inmediato, sino también justo y duradero.

Modernizar la economía no puede significar desregularla hasta el hueso. La tarea del Estado en este nuevo escenario es moderna y concreta: entender las nuevas dinámicas y, justamente por eso, poner reglas de juego claras, para que haya innovación con derechos, competencia con equidad, tecnología con responsabilidad y trabajo con futuro. No se trata de frenar el cambio, se trata de que el cambio no se lleve puesta a la gente.