La Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos de Mendoza solicitó la citación a juicio de seis integranes del Consejo de Administración de Fecovita (Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas), por el presunto delito de “autorización, certificación y publicación de balance falso, de acuerdo con el artículo 300 inciso 2° del Código Penal“.

La decisión del fiscal Juan Gabriel Ticheli, fechada el 18 de febrero de 2026, se basa en que las autoridades de la firma “habrían consignado datos inexactos en sus estados contables del ejercicio 2023”. La acusación afirma que se acreditaron cheques por $1.878 millones vinculándolos al cumplimiento de un acuerdo de octubre de 2022, cuando en realidad correspondían a contratos anteriores ya sin valor.

La investigación de la citada Fisclía, que se despliega en 14 fojas, subraya que el delito se configura con la sola autorización y publicación del balance con datos falsos, independientemente de si existió un daño patrimonial efectivo. Según el decreto, el acuerdo final de 2022 reemplazaba convenios previos, y ante el presunto incumplimiento de Fecovita, “renacieron derechos de las partes que no habrían sido reflejados correctamente en los libros”.

Juan José Retamero / Mendoza Today

El empresario español Juan José Retamero ha sido el impulsor de esta causa. Se trata de un empresario  nacido en Madrid, quien fue apoderado de la firma Iberte y está vinculado al grupo multinacional Aisa, que desembarcó en la Argentina en 2015, con el propósito de “conectar” vinos cuyanos con China, Estados Unidos, Europa y otros mercados relevantes. Se le han conocido, además, negocios relacionados con la minería en San Juan y la industria pesquera en Chubut.

Los directivos que enfrentan este pedido de elevación a juicio son el presidente Rubén Panella, el tesorero Gustavo Arangüena, el secretario Marcelo Federici y los síndicos Eugenio Portera Sánchez, Roberto Vázquez e Hilda Wilhelm Spanner de Vaieretti.

Desde la perspectiva de la querella, representada por el abogado Carlos Aguinaga, en nombre de las firmas Iberte y Evisa, celebraron que ahora “el proceso se encamine firmemente hacia un juicio oral y público”.

Fecovita denuncia persecución y rechaza cargos

Frente a este escenario, Fecovita ha emitido en los últimos tiempos su propia respuesta, calificando las acciones judiciales como una “persecución” coordinada por intereses externos. La cooperativa argumenta que las denuncias forman parte de una maniobra de presión en el marco de una disputa comercial millonaria con su ex socia Iberte.

La defensa de la entidad sostiene que los balances reflejan la realidad económica de la institución y que no existen elementos técnicos sólidos para hablar de falsedad ideológica. Asimismo, han manifestado que este conflicto ha sido judicializado de manera excesiva para dañar la reputación institucional de una de las mayores productoras de vino de Argentina.

Para las autoridades de la federación, las imputaciones carecen de sustento fáctico y confían en que las pruebas que presentarán demostrarán la transparencia de su gestión contable. El caso continúa bajo la lupa del sector productivo mendocino, a la espera de que la justicia determine si existen méritos suficientes para iniciar el debate oral.

En su página web, Fecovita se presenta como una entidad que agrupa a “miles de familias de productores trabajando por el bien común” y se describe como “una federación que nuclea a más de 5.000 productores integrados en 29 cooperativas, cultivando 25.000 hectáreas de viñedos en las mejores zonas de Mendoza”, que apuesta a “la generación de un futuro sustentable mediante inversiones genuinas, tecnología, mejora continua de la calidad y proyección internacional de productos con marcas emblemáticas”.

En julio pasado, Mendoza Today dio cuenta de una presentación llamada “Derribando mitos”, en las cual la entidad responde públicamene a las acusaciones. En ese documento, sus directivos intentan demostrar  “los principales puntos en los que Iberte intenta confundir a la opinión pública”.