La provincia de Mendoza se encuentra en una encrucijada que definirá su estructura política y económica para las próximas décadas, de allí se desprende la importancia de la coyuntura. 

Mientras la gestión del gobernador Alfredo Cornejo transita un segundo periodo, busca la manera de transformar sustancialmente la matriz productiva, convirtiéndo a Mendoza en un modelo ejemplificador. 

En ese contexto puede destacarse el impulso del hidrógeno verde, algo que el Gobierno de Mendoza busca profundizar en medio de los conflictos sociales por el desarrollo de la actividad minera.

Es así que a través de la Empresa Mendocina de Energía (EMESA), se están proyectando plantas de electrólisis en el Departamento de Malargüe, donde la combinación de vientos y una radiación solar privilegiada permite generar la electricidad limpia necesaria para producir combustible sin emisiones de carbono. 

Con esta apuesta lo que se busca es posicionar a la provincia como un centro logístico capaz de exportar energía limpia aprovechando la infraestructura de gasoductos existentes para el transporte de mezclas de gas e hidrógeno.

Sin embargo, la agenda legislativa de este año comenzó con una fuerte presión sobre la gestión de los recursos hídricos. La decisión de postergar la reforma del Código de Aguas refleja el temor político a profundizar el malestar de los regantes y asambleas ambientales en un contexto de sequía extrema. 

La paradoja se encuentra en que la producción de hidrógeno verde requiere agua de alta pureza, lo que obliga al Gobierno a dar explicaciones sobre la sostenibilidad del recurso frente a sectores que aún defienden la inamovilidad de la Ley 7722. 

En paralelo, el clima social se caldea en la mesa de paritarias, ya que el inicio de las negociaciones salariales con el gremio docente SUTE y los profesionales de la salud nucleados en AMProS marca el pulso de una provincia que enfrenta un fuerte reclamo por la precarización laboral en servicios básicos. 

El desafío del oficialismo es mantener la paz social mientras intenta convencer a una sociedad cautelosa de que los beneficios de la nueva energía y la minería sustentable desembocará en una mejora real del poder adquisitivo.