El resultado de la licitación para la provisión de caños del gasoducto de 500 kilómetros que unirá Vaca Muerta con Río Negro provocó un verdadero sismo en el tablero industrial argentino. El contrato fue adjudicado al conglomerado indio Welspun por US$ 203 millones, desplazando a Tenaris —empresa del Grupo Techint— por una diferencia de precio que ronda el 40%. Más allá del impacto inmediato sobre el holding que lidera Paolo Rocca, el episodio deja al descubierto debilidades estructurales que exceden largamente a una empresa en particular.

La noticia instala una pregunta inevitable entre analistas, empresarios y decisores públicos: ¿cómo es posible que una compañía que produce cerca del 25% de los tubos utilizados por las petroleras en Estados Unidos no logre ser competitiva en su propio país?

Una primera explicación apunta al posicionamiento internacional de los productos de Techint. En los mercados globales, sus tubos son considerados “premium”, con precios que suelen ubicarse entre un 10% y un 25% por encima de sus competidores, respaldados por altos estándares de calidad y servicios locales integrales. Sin embargo, esa justificación resulta claramente insuficiente para explicar la magnitud de la brecha observada en esta licitación.

Aquí reaparece el ya conocido —y persistente— “costo argentino”. La elevada carga impositiva, los costos laborales y energéticos, junto con una logística ineficiente, explican parte del diferencial. Pero incluso sumando todos esos factores, llegar a una diferencia del 40% frente a una oferta extranjera marca una anomalía que no puede soslayarse.

La paradoja es total: el mismo acero que se impone en los yacimientos de shale de Norteamérica resulta prohibitivo para un proyecto estratégico en la Patagonia. Si bien desde Techint se atribuyen los precios más altos a la calidad del acero y al valor del servicio local, el costo final fue determinante para los socios del consorcio Southern Energy —PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour y Golar— al momento de definir la adjudicación.

Ni siquiera el paraguas del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que habilita exenciones impositivas para la importación de bienes de capital, logró cerrar la brecha. Aun aplicando aranceles del 12,5% a las importaciones asiáticas, la diferencia se reduciría apenas a un rango del 20% al 25%, todavía demasiado amplia para ser absorbida con mejoras de eficiencia interna. A esto se suma el fenómeno del dumping internacional, en particular desde China, donde los subsidios estatales a la industria siderúrgica superan ampliamente —hasta diez veces— los niveles promedio de los países de la OCDE.

El caso deja en evidencia que la política económica no puede pensarse en términos binarios ni resolverse con soluciones de corto plazo. No se trata simplemente de subir o bajar aranceles para inclinar la balanza a favor de un actor puntual. La experiencia argentina demuestra que los “parches” arancelarios suelen derivar en mercados cautivos, donde una o pocas empresas protegidas operan como verdaderos “cazadores de zoológico”, con márgenes extraordinarios y escasos incentivos a mejorar su competitividad.

En última instancia, el dilema que enfrenta el Gobierno y el sector energético es estratégico. ¿Hasta dónde es viable priorizar la producción nacional cuando las diferencias de costos ponen en riesgo proyectos de escala global? En la mesa de Southern Energy, el debate fue tan delicado como concreto. Pese a los intentos por encontrar alternativas que permitieran a Techint mejorar su oferta, la mayoría de los socios concluyó que absorber un sobrecosto de esa magnitud comprometía la viabilidad económica del proyecto de exportación de GNL, valuado en alrededor de US$ 15.000 millones.

Privilegiar la industria local a cualquier precio puede encarecer toda la infraestructura energética y restarle competitividad al país frente a otros exportadores globales. Pero, al mismo tiempo, la pérdida de estos contratos pone en riesgo la continuidad de plantas históricas, como Tenaris-SIAT en Valentín Alsina, que emplea a cientos de trabajadores y forma parte del entramado industrial argentino.

El debate suele plantearse como un falso dilema: abrir la economía para garantizar costos bajos o sostener un entramado industrial que hoy lucha por ser competitivo incluso en su propio patio trasero. El desafío de fondo es otro y mucho más complejo: nivelar la cancha. Eso implica desarmar el entramado tributario que encarece la producción, atacar los costos logísticos y operativos y reducir de manera sistémica el denominado “costo argentino”.

Solo a través de reformas estructurales que bajen la carga impositiva y los costos generales de producir será posible que las empresas locales no solo sobrevivan, sino que compitan en igualdad de condiciones y transformen la protección defensiva en una verdadera capacidad exportadora.

En este marco, desde el Movimiento Productivo Argentino creemos que es posible realizar un aporte concreto. Por eso hemos decidido crear una mesa de trabajo multidisciplinaria orientada a desarrollar propuestas que acompañen de manera dinámica las necesidades productivas y los desafíos del mercado, con el objetivo de que la industria nacional pueda crecer y desarrollarse bajo un modelo sostenible, competitivo y orientado al largo plazo.