Bajo la gestión del gobernador Alfredo Cornejo y la ejecución de la ministra de Seguridad y Justicia Mercedes Rus, la provincia de Mendoza desplegó un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial que marca un quiebre en la forma de entender el control social.

Esta apuesta, financiada con una partida específica del presupuesto provincial 2026, busca reducir los índices de criminalidad y posicionar a Mendoza como una vanguardia frente al Gobierno del presidente Javier Milei que prioriza el ajuste fiscal sobre la inversión tecnológica en seguridad.

El núcleo de este despliegue se ubica en el Centro Estratégico de Operaciones, que integró software de reconocimiento facial en tiempo real y análisis de patrones de comportamiento. 

A diferencia de las cámaras convencionales, este sistema identifica automáticamente a personas con pedidos de captura vigentes y detecta situaciones de riesgo, como objetos olvidados en la vía pública o movimientos bruscos que sugieren un hecho de violencia, enviando una alerta inmediata al patrullero más cercano. 

Es esta linea, para el oficialismo, esta modernización es la respuesta eficiente a la escasez de recursos humanos. En lugar de sumar miles de agentes nuevos, la provincia apuesta a multiplicar la capacidad de mirada de los que ya tiene, utilizando la IA como una suerte de multiplicador de fuerzas.

Sin embargo, ello no estuvo exento de tensiones políticas en la Legislatura provincial. La oposición planteó serios interrogantes sobre la privacidad de los ciudadanos y el manejo de los datos biométricos, advirtiendo sobre el riesgo de un Estado que podría utilizar estas herramientas para el control social en casos, por ejemplo, de protestas.

La discusión forzó al gobierno a avanzar en un marco regulatorio que busca equilibrar la eficiencia de la lucha contra el delito con las garantías individuales, un debate que Mendoza lidera a nivel nacional mientras otras provincias observan el modelo para intentar replicarlo.

Este modelo tiene también una lectura política hacia afuera de la provincia, ya que en un año marcado por la competencia por recursos, Cornejo utiliza la seguridad para demostrar que su administración puede gestionar servicios públicos de alta complejidad con recursos propios, diferenciándose de las provincias que aún dependen de los giros de la Casa Rosada. 

La eficiencia de este sistema se podrá medir no solo en la baja de las estadísticas de robo, sino en la capacidad de la política mendocina para sostener un consenso social sobre los límites de la vigilancia en una sociedad cada vez más mediada por la tecnología.