La tortura sufrida por William Vargas en el penal de San Felipe en 2010 marcó un antes y un después en la justicia mendocina. El caso, visibilizado por un video que mostraba los abusos cometidos por agentes penitenciarios, derivó en una condena ejemplar, en medidas reparatorias inéditas y más controles en las cárceles.

Como parte de esas medidas, esta semana se iniciaron en Mendoza las “Jornadas de capacitación para la implementación efectiva de los protocolos de Estambul y de Minnesota en Cuyo”, dirigidas a jueces, fiscales y personal penitenciario. La iniciativa fue ordenada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y coordinada por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).

El CNPT es el organismo nacional encargado de inspeccionar cárceles y comisarías, con el objetivo de garantizar el acceso a derechos de las personas privadas de libertad. Su rol es clave en la prevención de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Las jornadas comenzaron ayer y terminan mañana jueves en el Salón de Actos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Participan expertos nacionales e internacionales, junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en un esfuerzo conjunto por fortalecer el sistema judicial.

El caso Vargas fue un punto de inflexión. Seis funcionarios del Servicio Penitenciario fueron condenados por tortura, en una sentencia confirmada por la Corte Suprema de la Nación. La decisión incluyó medidas reparatorias institucionales, como esta capacitación.

Inspecciones sorpresivas a las cárceles

Durante esta semana, delegados del CNPT realizaron inspecciones sorpresivas en cárceles y comisarías de Mendoza capital y otras localidades. También mantuvieron reuniones con autoridades provinciales, entre ellas el presidente de la Suprema Corte y los ministros de Seguridad y Educación.

El Protocolo de Estambul, adoptado por Naciones Unidas, establece directrices para investigar y documentar casos de tortura. Es una herramienta esencial para jueces, fiscales, médicos forenses y otros profesionales en el abordaje de víctimas.

Por su parte, el Protocolo de Minnesota se enfoca en la investigación de muertes potencialmente ilícitas, como ejecuciones extrajudiciales. Incluye normas éticas, autopsias y obligaciones jurídicas de los Estados.

La apertura de las jornadas estuvo a cargo de Juan Manuel Irrazábal, presidente del CNPT, quien destacó la importancia del intercambio entre actores del sistema público. “Estas jornadas fortalecen la cooperación y el trabajo articulado”, señaló.

También participaron Dalmiro Garay Cueli, presidente de la Suprema Corte de Mendoza; Omar Palermo, ministro del tribunal; Víctor Endeiza, del Superior Tribunal de San Luis; y Mariella Fumagalli, directora del EAAF.

Entre los expositores se destacaron Verónica Hinestroza, especialista colombiana que integró el comité de actualización del Protocolo de Estambul, y Luis Fondebrider, cofundador del EAAF y miembro del equipo que revisó el Protocolo de Minnesota.

Hinestroza abordó las diferencias jurídicas entre ambos protocolos, mientras que Fondebrider enfatizó la necesidad de enfoques interdisciplinarios en las investigaciones forenses y el respeto a los derechos de los familiares.

Alan Iud, secretario ejecutivo del CNPT, presentó las líneas de trabajo del organismo y los desafíos detectados en las inspecciones. Milagros Noli, directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte, moderó el panel.

Otro eje de las jornadas fue el rol de los Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura y las organizaciones sociales. Se analizó su participación en investigaciones diligentes de torturas y muertes sospechosas.

Luis Romero, procurador de personas privadas de libertad en Mendoza; Kevin Nielsen, comisionado del CNPT; y Lucas Lecour, de la organización Xumek, compartieron experiencias y propuestas. La mesa fue moderada por Silvina Irrazábal.

Las capacitaciones buscan que los protocolos internacionales se apliquen de forma efectiva en el sistema judicial y penitenciario de Cuyo. La meta es prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos y garantizar justicia.

El caso William Vargas sigue resonando como símbolo de reparación institucional. La capacitación ordenada por la Corte mendocina representa un paso concreto hacia un sistema más justo y respetuoso de la dignidad humana, más allá de las condenas que pueden y deben aplicarse a las personas que hayan entrado en conflicto con la ley o hayan perjudicado la integrridad o bienes de otros ciudadanos.