Esta semana, la jueza Patricia Funes, integrante de la autodenominada Corte Internacional de Justicia Real de la Gente, presentó un recurso de reconsideración ante el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza para solicitar la revocación de la Resolución Nº 2572, que establece sanciones para los padres que no cumplan con el calendario oficial de vacunación infantil.

En su presentación, Funes sostiene que la medida “vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos”, al tiempo que afecta principios como la autonomía personal, el consentimiento informado y la protección de datos personales.

Entre los argumentos planteados, la magistrada cuestiona la imposición de medidas sanitarias sin consentimiento informado, lo que —según su planteo— vulnera la libertad y dignidad de las personas. Además, advierte sobre el posible uso indebido de datos personales que, a su entender, podría derivar en responsabilidades penales o civiles.

La jueza también señaló que los funcionarios que firmaron la resolución, incluido el ministro de Salud, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Jefatura de Gabinete, podrían incurrir en responsabilidades legales. En ese sentido, mencionó eventuales figuras penales como abuso de autoridad, coacción, violación de secretos y delitos contra la integridad de menores.

El escrito cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Constitucional de España y la Corte Suprema de Estados Unidos como respaldo a su planteo.

La resolución cuestionada forma parte del nuevo protocolo de vacunación obligatorio en Mendoza, que contempla multas de hasta $336.000, arrestos de hasta cinco días o trabajos comunitarios para los padres que no vacunen a sus hijos, además de sanciones a los funcionarios que omitan denunciar los incumplimientos.

Finalmente, Funes advirtió que, en caso de que no se revoque la resolución, el caso será llevado a instancias judiciales superiores, tanto nacionales como internacionales.