La disputa en el sector vitivinícola argentino suma un nuevo capítulo. Bodegas de Argentina, la cámara que agrupa a más de 200 empresas del rubro, emitió un duro comunicado donde acusa a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) de haber malgastado u$s 230 millones desde su creación en 2004.

Bodegas de Argentina no participa en COVIAR desde el año 2019. Decisión que se tomó debido a la falta de transparencia, modos de proceder y eficacia en su gestión. Sin embargo, las empresas están obligadas por ley a aportar recursos a esta institución y son inmovilizadas sus +

— Bodegas de Argentina (@BodegasAR) April 22, 2025

La denuncia surge en medio del debate abierto por un proyecto de ley presentado por el diputado del PRO, Damián Arabia, que busca derogar la Ley 25.849, que dio origen a Coviar.

Polémica en puerta: presentaron un proyecto para derogar la COVIAR

Según explicó Bodegas de Argentina, la Coviar se financia con aportes obligatorios de todas las bodegas registradas en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), quienes deben pagar un porcentaje por cada litro de vino producido. La entidad fue creada con el objetivo de impulsar la industria a través de un plan estratégico, conocido como PEVI 2020, que contemplaba acciones para potenciar la promoción, sustentabilidad y rentabilidad del sector.

Sin embargo, la cámara sostiene que Coviar no logró cumplir con los objetivos planteados:

• La participación en las exportaciones mundiales de vino alcanzó solo el 3,7%, lejos del 10% propuesto.

• Las exportaciones llegaron a u$s 791 millones, lejos de los u$s 2.000 millones proyectados.

• El consumo de vino en el mercado interno cayó un 46% desde 2004.

• La superficie implantada con viñedos se redujo un 10% desde su pico en 2014.

• El empleo cayó 12,4% en viñedos y 8,1% en bodegas.

Además, Bodegas de Argentina cuestiona la falta de transparencia de la corporación: denuncia que no hubo auditorías adecuadas y que los resultados no justifican los u$s 230 millones gastados entre 2004 y 2020, provenientes de aportes privados y estatales.

“Por todo lo expuesto, apoyamos la derogación de la Ley 25.849 que crea la Coviar. Sus aportes obligatorios y su existencia, suman un actor que no agrega valor a empresas y consumidores”

Según explicó Bodegas de Argentina, la Coviar se financia con aportes obligatorios de todas las bodegas registradas en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), quienes deben pagar un porcentaje por cada litro de vino producido. La entidad fue creada con el objetivo de impulsar la industria a través de un plan estratégico, conocido como PEVI 2020, que contemplaba acciones para potenciar la promoción, sustentabilidad y rentabilidad del sector.

Sin embargo, la cámara sostiene que Coviar no logró cumplir con los objetivos planteados:

• La participación en las exportaciones mundiales de vino alcanzó solo el 3,7%, lejos del 10% propuesto.

• Las exportaciones llegaron a u$s 791 millones, lejos de los u$s 2.000 millones proyectados.

• El consumo de vino en el mercado interno cayó un 46% desde 2004.

• La superficie implantada con viñedos se redujo un 10% desde su pico en 2014.

• El empleo cayó 12,4% en viñedos y 8,1% en bodegas.

Además, Bodegas de Argentina cuestiona la falta de transparencia de la corporación: denuncia que no hubo auditorías adecuadas y que los resultados no justifican los u$s 230 millones gastados entre 2004 y 2020, provenientes de aportes privados y estatales.

“Por todo lo expuesto, apoyamos la derogación de la Ley 25.849 que crea la Coviar. Sus aportes obligatorios y su existencia, suman un actor que no agrega valor a empresas y consumidores”

“La industria vitivinícola argentina está atravesando una profunda crisis, que exige mayor eficiencia y menos cargas fiscales. Los aportes obligatorios a Coviar representan un costo que hoy no se traduce en beneficios concretos para las bodegas ni para los consumidores”, señaló la cámara.

En el comunicado, Bodegas de Argentina reiteró su apoyo a la derogación de la ley que creó la Coviar, al considerar que su existencia actual “no agrega valor” y genera “confusión” entre actores nacionales e internacionales.