La UNCuyo y otras universidades públicas del país irán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

El Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunió de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tomó la decisión unánime de recurrir a la Justicia para exigir al Poder Ejecutivo el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria …

El Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunió de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tomó la decisión unánime de recurrir a la Justicia para exigir al Poder Ejecutivo el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).

Universidades como la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se adhirieron a esta postura colectiva, ya que consideran que, si bien la norma está vigente, su ejecución está suspendida a la espera de la definición de las fuentes de financiamiento.

El presidente del CIN, Oscar Alpa, enfatizó la trascendencia del encuentro y la postura política asumida, destacando que “cuarenta años después del primer plenario del organismo, volvemos a encontrarnos en la UBA, esta vez para que las universidades asuman una postura política clara en defensa del cumplimiento de la ley y del respeto al sistema republicano”. En línea con esta defensa de la institucionalidad, el decano anfitrión, Leandro Vergara, recordó que “un decreto no puede suspender una ley” y expresó su preocupación por la posibilidad de “naturalizar el incumplimiento de normas con amplia legitimidad social, institucional y política”.

La Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso el 2 de octubre tras un veto inicial del Poder Ejecutivo, continúa sin aplicarse. Según Vergara, esta suspensión “viola de manera directa la división de poderes al basarse en fundamentos inválidos”.

En este contexto de conflicto entre poderes, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, destacó la responsabilidad del sistema universitario al señalar que “ha sido responsable y serio, privilegiando siempre los caminos institucionales para obtener respuestas”, por lo que ahora corresponde “acudir a la Justicia para garantizar que la ley se cumpla efectivamente”.

Los rectores del CIN también apuntan a lograr que “se incorpore al presupuesto 2026 la base presupuestaria que esta ley establece”.

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