Pablo Priore es de amianto. Se lo podría definir de muchas maneras, pero el mejor adjetivo es este último. Porque jamás se hace cargo de nada. Nunca.

El hoy secretario administrativo del Senado provincial insiste en denostar las planillas de “contratos de locación” publicadas por Diario Mendoza Today, donde aparecen las escandalosas designaciones que él mismo motoriza de manera discrecional.

Sin embargo, mal que le pese, se trata de un documento aportado por fuentes de ese mismo cuerpo. Si así no fuera, Priore podría aportar el documento “verdadero”, pero no lo hace.

Más aún, es sintomático que reniegue de lo publicado por Mendoza Today y que al mismo tiempo pida cortar la cabeza de aquellos que filtran información a este diario. ¿En qué quedamos?

Es curioso, porque a la hora de los bifes, nada de nada. Priore sólo patalea en redes sociales, porque sabe que está en medio de un fuerte cuestionamiento político y, por qué no, social. Sobre todo porque la revelación de este diario dejó expuesto que a los contratados del Senado les “birlan” parte de lo que deben cobrar. 

¿Quién se queda con aquella diferencia? ¿Será acaso el propio secretario legislativo? Imposible saberlo, aunque no habría que descartarlo. Priore es capaz de todo.

No obstante, aunque apareciera el documento que lo demuestre, lo negará, porque, como se dijo, es su expertise. Nunca hacerse cargo de nada.

El tipo insiste en que su gestión es transparente, pero no es así: lo prueba el persistente ocultamiento de las Resoluciones Administrativas del Senado, donde aparecen los nombramientos, recategorizaciones, viáticos y demás “curros” de la cámara alta.

A pesar del insistente pedido de los legisladores de la oposición, pese a lo que dice el Reglamento del Senado, Priore no muestra nada. Sólo ha “liberado” unas pocas resoluciones, casi insustanciales.

¿Será porque allí se revelarían los detalles de sus insistentes viajes fuera del país, de los cuales tampoco sabe dar cuenta? Dicho sea de paso, ¿cómo los paga?

Cuando se le pregunta, esquiva la cuestión. Ataca para no tener que responder. Y termina demostrando su ignorancia supina. Porque acusa que las revelaciones periodísticas son parte de un ataque “rentado” por algún sector político. Eso sí, no sólo no dice de cuál se trataría sino que tampoco presenta evidencia al respecto.

A diferencia de él, nosotros solemos revelar documentos probatorios, una y otra vez. Evicencia que le duele a los funcionarios, porque los expone de manera indubitable.

Por eso, uno es el periodista más querellado del país, con la mayor cantidad de juicios iniciados por funcionarios públicos. Pero uno no ha perdido uno solito. Eso habla a las claras del cuidado que uno pone a la hora de trabajar profesionalmente.

Digresiones aparte, bien podría el ignífugo Priore accionar judicialmente contra este medio si le consta que se ha publicado información errónea para perjudicarlo. La Justicia decidirá en última instancia quién tiene razón.

Entretanto, se lo invita a interiorizarse acerca de la diferencia entre la responsabilidad de los funcionarios públicos y las personas que se desempeñan en ámbitos privados.

Los primeros —él y toda su runfla— deben dar cuenta de sus actos, porque manejan fondos de todos los ciudadanos. Los segundos —nosotros— no, porque no administramos plata del Estado.