En las últimas horas, el Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, se despegó del escándalo que rodea al inspector de cauce Vertientes Corralitos, Alejandro Currenti, acusado de inconsistencias en sus informes financieros.

La situación, revelada oportunamente por Diario Mendoza Today, llevó al Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación a suspender a Currenti por 60 días y a exigirle la devolución de 1,3 millones de pesos del balance de 2021.

No es la única novedad: el concejal del Frente de Todos, José Pozzoli, presentó una denuncia penal contra el exintendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, y contra el propio Currenti por presunta malversación de fondos públicos. El edil argumenta que las irregularidades en la gestión de recursos por parte de la Municipalidad de Guaymallén, llevada a cabo por Currenti, abarcan los años 2021, 2022 y 2023.

A mediados de junio, el Tribunal Administrativo suspendió a Currenti y le ordenó devolver $1.368.232,74, incluyendo intereses, debido a irregularidades administrativas en obras realizadas en Guaymallén.

En la denuncia, Pozzoli también señala irregularidades en la elección de la inspección de cauce el 5 de noviembre de 2022, en la que Currenti fue reelecto y Pedro Vicente Pelayes fue elegido como primer delegado, a pesar de haber fallecido el 23 de octubre de 2022. La denuncia cuestiona si el token de Pelayes se siguió utilizando para aprobar transferencias y pagos después de su muerte.

Además, la hija de Pelayes, Marisa Carina Pelayes, es miembro de la comisión de vigilancia de la inspección, que aprobó un balance con un déficit de 12 millones de pesos.

Otra grave irregularidad denunciada es la construcción de la sede de la inspección en terrenos de Currenti mediante un contrato de comodato, que podría beneficiar a Currenti una vez vencido el contrato. Además, la inspección firmó un convenio con Romina Cagol, esposa de Currenti, para alquilar un tractor, asumiendo también el costo del cambio de cubiertas del vehículo. Cagol también fue contratada por la inspección por un valor superior a 5 millones de pesos.

Durante la gestión de Marcelino Iglesias como intendente de Guaymallén, se firmó un acuerdo para trabajos de impermeabilización de 32 kilómetros de canales, en el que los materiales eran provistos por el municipio y la inspección se encargaba de la ingeniería y el movimiento de suelos. La denuncia de Pozzoli alega que muchos materiales no llegaron a su destino y fueron comercializados en su lugar. Se solicita investigar a Iglesias por permitir, ya sea por acción u omisión, que estos materiales no fueran utilizados como correspondía.