Persiste de manera firme y creciente la protesta de los policías de Mendoza. Siempre de manera subyacente y solapada, ya que los grandes medios de la provincia persisten en tapar el sol con un dedo.

Lo que no estarían teniendo en cuenta es que las redes sociales llegaron para mostrar lo que estos no se animan a publicar. Ello explica la caída brutal de las lecturas en los principales portales de la provincia. La gente le cree más a Twitter que a estos.

Arrancó la tendencia a fines de 2019, cuando Rodolfo Suarez se coronó gobernador de Mendoza y decidió modificar la Ley 7722, que restringe la actividad de la minería a nivel local.

Ello motivó una voluminosa pueblada que duró varios días y que los grandes medios decidieron censurar. Entonces, las redes sociales se convirtieron en la mejor fuente de información. Y ocurrió aquel fenómeno, que perdura hasta el día de hoy.

Medios como Mendoza Post, MDZ, Los Andes, diario UNO, El Sol, Sitio Andino, y otros, cayeron estrepitosamente en lecturas. La gente nunca más volvió a confiar en ellos.

Y hace bien. Porque se trata de portales que saben callar la corrupción provincial a cambio de millonaria pauta. Tampoco hablan sobre los temas sensibles para el Ejecutivo mendocino, como el de la policía.

Allí subyace una trama escabrosa, que mezcla un reclamo genuino y el deseo de puntuales grupos de poder político y sindical de avanzar en un gremio policial.

Es una trama que se cuela cada vez que hay algún tipo de rebelión por parte de los uniformados, no solo en Mendoza sino en otras partes del país también.

Hay puntuales interesados, gremialistas de los denominados “gordos” y un grupo de garantistas de manual. Son los que insuflan la movida. Aparecen personajes de la talla de Raúl Zaffaroni, Pablo Pimentel, Horacio Pietragalla Corti, Sabina Frederic, Héctor Recalde y Marcelo Saín.

A ellos se suman figuras internacionales como Elvis Secco, jefe de la División contra el crimen organizado de la Policía Federal de Brasil, y Angels Bosch, expresidenta de la European Confederation of Police (Eurocop), quien ha manifestado su asombro por la inexistencia de un sindicato policial en la Argentina.

Lo curioso del caso es que todos los mencionados están ideológicamente en la vereda de enfrente de lo que piensa la policía. Ergo, su interés no es mejorar sus condiciones, sino “hacer caja”. Ciertamente, hay mucha plata en juego.

Acaso por ello aparezcan detrás de escena puntuales referentes del peronismo, el kirchnerismo y la izquierda vernácula. Ya tienen nombre y todo para la agrupación de marras: SIMEPOL, Sindicato Mendocino Policial.

En el contexto de feroz inseguridad que vive la provincia, tal discusión parece surrealista y fuera de foco. Pero es lo que hay. Los uniformados persistirán en pedir mejores condiciones laborales. Y Alfredo Cornejo insistirá en su idea de que todo es parte de una mega conspiración política contra su gobierno.

Digresiones aparte, ¿cómo se entiende que el gobernador viajó a España en medio de la disparada de la delincuencia? ¿Realmente fue a buscar negocios turísticos en el país ibérico?

Como sea, la discusión por la inseguridad en Mendoza ha escalado a niveles impensados, a punto tal que los diversos partidos de la oposición han pedido que se constituya la Comisión Bicameral de Seguridad en la Legislatura, a efectos de debatir ese tópico en el ámbito que corresponde.

En tal contexto, el gobierno ha pergeñado una interesante maniobra de “acting”: de la mano de algunos actores del peronismo: “invitaron” al Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, a disertar en la Bicameral, la cual, como se dijo, no está constituida aún. “Para la gilada”, como suele decirse.

Una actuación similar ocurre en Las Heras, donde suspendieron el pago de sueldos a unos 320 empleados, so pretexto de que “no se ha podido acreditar las tareas que se realizan o en otros casos nadie puede confirmar que se presentan a trabajar como tampoco hay evidencia de entrada o salida a espacios de labores”. Ello según la crónica de Mendoza Post, portal siempre afecto a las operaciones de prensa rentadas.

Es bien cierto que existen empleados que se encuentran trabajando de manera irregular, pero al menos un centenar de ellos son trabajadores de planta permanente con varios años de trabajo.

Ese grupo ahora mismo prepara una mega demanda contra el municipio lasherino por la situación referida. Aseguran que les han tendido una trampa. Les habrían dicho que estaban analizando en qué área iban a ponerlos, que solo marcaran la entrada y la salida, y que se fueran a sus hogares. Acto seguido, los acusaron de ser “ñoquis”.

Desde el municipio niegan que ello sea así, por lo cual la controversia deberá ser dirimida eventualmente por la Justicia. Es el terreno donde continuará esta acalorada disputa.

Hablando de pedidos de informes, el senador provincial del Partido Demócrata Armando Magistretti, decidió exigir al Ministerio de Gobierno de la Provincia que aporte información respecto de “diversos aspectos relacionados a la situación de empleados públicos de la Provincia que en forma simultánea eran beneficiarios del plan Potenciar Trabajo (expte. N°79682)”.

Sobre la base de una nota publicada por Diario Mendoza Today, el legislador argumentó que, “si bien es una operatoria Nacional, el Gobierno Provincial no puede desconocer lo que ocurre en el territorio de Mendoza”.

Es otro escándalo que se avecina en el horizonte de la política mendocina, que explotará cuando se conozca el listado de los beneficiados por el Potenciar Trabajo. Ningunos “perejiles”, por cierto.

En el día de ayer presentamos con el Senador Valentín González @valengonOK un pedido de informes al Ministerio de Gobierno de la Provincia solicitando información sobre diversos aspectos relacionados a la situación de empleados públicos de la Provincia. ?? pic.twitter.com/jcXHbz7BYf

— Armando Magistretti (@AMMagistretti) January 27, 2024