Water-gate: denuncian al Gobierno de Mendoza por negar acceso a resultados de análisis de agua, que estaría contaminada

El domingo pasado Diario Mendoza Today, anticipó someramente los detalles de lo que será uno de escándalos más graves de las últimas décadas en la provincia. “El agua de la provincia estaría contaminada con arsénico y otros químicos peligrosos, en proporciones escandalosas. Hay departamentos, como Lavalle, donde la situación es más grave que en otros. Pero casi todo el territorio mendocino se encuentra igual. Lo que se destapará a ese respecto, será un verdadero ‘water-gate’. Literal, porque ‘agua’ es ‘water’ en inglés”, según publicó este medio entonces.

Ahora, ello se hizo carne: el Instituto Multidisciplinario de Salud Pública y Ambiental (IMUSPA) demandó al Gobierno de Rodolfo Suarez ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza por negarles el acceso a los resultados de los análisis de agua para consumo poblacional y de los efluentes cloacales realizados por la empresa Aguas y Saneamiento Mendoza (AYSAM).

El Ejecutivo justificó su decisión argumentando que si se proporciona esa información se podría generar un peligro para la “seguridad pública”. 

“Nuestro Instituto lleva adelante un proyecto de investigación con el que pretendemos conocer sobre cómo la contaminación ocasionada por las actividades humanas podría estar afectando los suministros de agua utilizados para uso poblacional, como también al agua empleada en la agricultura. Además, nos permite comprender cómo puede estar afectando a la salud pública y la de los ecosistemas. Como parte de un conjunto de acciones para adquirir datos afín, entre otras acciones investigativas, realizamos múltiples pedidos de acceso a la información pública a varios organismos provinciales. AYSAM, EPAS, DGI y municipios entre los principales. Ello, en función del ejercicio del derecho al acceso a la información pública, el cual se encuentra amparado por la legislación local (en especial, por la ley N° 9.070), la Constitución Provincial y Nacional y por decenas de Tratados Internacionales adoptados por nuestro país”, explicó la organización requiriente a través de un comunicado de prensa.

Y añade: “Con respecto a una de esas solicitudes -tal vez la más relevante de todas las que efectuamos- el 3 de enero del presente año solicitamos a AYSAM que nos provea de los resultados de los análisis originales que la empresa realizó en los últimos dos años, tanto en muestras de agua como en efluentes cloacales-industriales en todos los departamentos donde presta los servicios. Luego de cumplirse el plazo legal donde no hubo respuestas por parte de la empresa, presentamos un Recurso por Incumplimiento ante la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza (OIAYEP). Antes de que la OIAYEP se expidiera, la empresa respondió a la solicitud expresando que no brindaría la información solicitada por considerar que de hacerlo generaría un ‘riesgo claro, probable y específico de un daño significativo a la seguridad pública’.”

Así prosigue el comunicado:

Apelando así a una de las excepciones de divulgación de información pública que contempla el artículo 18 de la ley No 9070. Atento a la postura de la empresa estatal, el investigador y Director del IMUSPA; Javier Fernández, se presentó el 11 de abril ante el Subdirector de Acceso a la Información Pública (que depende de la OIAYEP) donde, entre otras cuestiones, le informó sobre la necesidad de que la Oficina resuelva con urgencia el Recurso presentado, ya que la demora -además de ser ilegal por no respetar los plazos señalados por legislación- podría representar un peligro real por tratarse de información esencial que afecta a la salud pública de cientos de miles de ciudadanos.

Es oportuno considerar que la OIAYEP es la encargada de velar por la ética en la administración pública en toda la provincia. Algunas de las principales leyes que debe hacer cumplir son la Ley No 8993 (de responsabilidad en el ejercicio de la función pública) y la Ley No 9070 (de Acceso a la Información Pública).

Pero contrario a la misión de la Oficina y tal como se demostró en esta oportunidad y en otros casos similares, este organismo viola flagrantemente las leyes que debería hacer cumplir. Aun con la insistencia de nuestro Director, la OIAYEP continuó en silencio, lo que motivó a la presentación de una intimación formal el 25 de abril. Por medio de esta, se le advirtió al organismo que recurriríamos ante la Justicia para denunciar la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Finalmente, el 2 de mayo, la OIAYEP resolvió desestimar el Recurso por Incumplimiento que presentamos por la respuesta de AYSAM, alegando la Oficina estar de acuerdo con la justificación que aportó la empresa con el fin de negar el acceso a la información solicitada.

La decisión de AYSAM y de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza atenta contra derechos humanos fundamentales, a saber los principales: derecho a la vida, derecho a la salud, derecho al acceso al agua y al saneamiento, derecho a gozar de un ambiente saludable, derecho al acceso a la justicia y el derecho al acceso a la información pública. Ni AYSAM ni el Gobierno de Mendoza a través de la OIAYEP han explicado como la divulgación de una información tan trascendental para cientos de miles de mendocinos podría generar “un riesgo a la seguridad pública”.

La solicitud que realizamos no solo “se ajusta a derecho”, también encuentra una innegable justificación de ser respondida al considerar que AYSAM manifiesta gravísimos problemas administrativos y técnicos, lo cuales se traducen en la prestación de los servicios con una calidad cuestionable. Nuestro equipo investigador cuenta con pruebas claras y contundentes de que existe un peligro real para un número considerable de personas por la pésima gestión de la empresa. Sostenemos con firmeza que lo dictaminado viola un amplio marco normativo y que la apelación a una de las excepciones contempladas por la ley No 9070 no es otra cosa que una maliciosa escapatoria pseudo legal de AYSAM para no rendir cuentas.

Sobran elementos que señalan un posible ocultamiento intencional por parte de ambos organismos, con el aparente fin de que no se divulgue información que podría comprometer a la empresa estatal y a decenas de funcionarios públicos. En virtud de estos hechos, interpusimos una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza contra la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública y de Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) para garantizar que el gobierno cumpla con sus obligaciones de proporcionar el acceso a información de interés público.

Desde ya, advertimos que de no darse el resultado esperado, apelaremos el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, de ser necesario, no dudaremos en recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La sociedad tiene que saber que la actitud demostrada por el Gobierno en el presente caso no es un hecho aislado.

La gran mayoría de las solicitudes de acceso a la información pública que remitimos a dependencias del gobierno provincial y a los gobiernos municipales han recibido un trato similar. Comprobamos una clara intencionalidad de no rendir cuentas a la población, muchas veces no respondiendo las solicitudes, en otras, justificando la negación de otorgar información apelando a razones absurdas e ilegales. Inclusive, han abundado las omisiones y hasta se han presentado mentiras. Las cuales serán denunciadas oportunamente.

No se debe pensar que los comportamientos acusados solo obstruyeron nuestra investigación, en realidad, son un reflejo de una cada vez más resquebrajada institucionalidad, la cual conlleva perjuicios directos a toda la sociedad. En Mendoza -en oposición a lo afirmado por la propaganda estatal- reina una cultura del secretismo y despotismo; contrario a nuestro sistema democrático y republicano de gobierno, el cual tiene como elementos fundamentales la igualdad ante la ley, la rendición de cuentas y el control ciudadano.

Cerca del IMUSPA

El Instituto Multidisciplinario de Salud Pública y Ambiental (IMUSPA) es una organización sin fines de lucro creada en la provincia de Mendoza en 2020, cuyo objetivo es brindar conocimientos y herramientas a la sociedad para que lleve a cabo transformaciones positivas en pos del pleno disfrute de los derechos a la salud y de un ambiente saludable.

Para ello, realizan investigaciones científicas, propuestas legislativas y acciones legales estratégicas. Autofinancian sys actividades, no poseen afiliación partidaria y no tienen vínculos económicos con el Estado, ni con empresas con el fin de garantizar su independencia y libertad de conflictos de interés.