Una denuncia que se viralizó en las últimas horas, acusa una suerte de asociación ilícita dentro de la Inspección General de Seguridad, abocada a avanzar en sumarios administrativos que carecen de sustento legal, contra policías o agentes penitenciarios. Los uniformados sospechados luego son defendidos por profesionales que responden al mismo organismo.
La grave situación es parte de una presentación anónima que llegó a la redacción de Diario Mendoza Today (ver al pie): “Todo ello generaría importantes ganancias, cuyos beneficiarios serían los mismos funcionarios del organismo de control externo de los policías y penitenciarios”, de acuerdo al documento.
La denuncia anónima advierte que en la mayoría de los casos de las acusaciones que recaen contra los funcionarios policiales y penitenciarios, los efectivos no tienen profesionales que los asistan, entonces desde la misma IGS se le recomendaría un abogado que funcionaría como satélite de ese organismo.
Ese profesional es quien comienza a litigar y según se denuncia, ya tendría pactado un monto destinado para la misma IGS, que es quien paradógicamente ha iniciado la demanda contra el uniformado. Ese es el primer negocio.
Los mismos denunciantes explican que existiría una tabulación de montos, de acuerdo al resultado de la gestión del sumario. Según se comenta, por sobreseimiento, estarían cobrando un monto de entre 200 mil pesos y 250 mil pesos. Por conseguir sólo 10 días de suspensión percibirían entre los 180 mil y los 200 mil pesos, y por obtener una sanción de suspensión de 20 días, una cifra que ronda entre los 150 mil y 180 mil. Todo esto considerando que se obtiene una pena leve, cuando la condena que le podría caber al efectivo sumariado debería ser mucho mayor.
Todo este relato tendría pruebas contundentes que lo avalan. Explican, por ejemplo, como un mismo hecho cometido por un efectivo, existen muy diferentes sanciones. En un caso, el uniformado queda sobreseído, en otra causa similar, otro recibe una sanción de 30 días de suspensión y en tercero le piden directamente la cesantía, cuando la falta ha sido la misma.
En otro caso, la IGS sancionó a un policía que viajó a la provincia de Córdoba porque su hija estaba en ese lugar muy enferma. El efectivo solicitó el permiso y no fue autorizado. Por esa falta fue suspendido por 36 días. “Por esas razones queda en claro que no existe una proporcionalidad ni gradualidad en las sanciones aplicadas”, explica la denuncia.
