La Cámara de Diputados, por 30 votos negativos, rechazó el pedido de juicio político al ministro de Gobierno de la provincia, Víctor Ibañez, que fuera promovido por el bloque del Frente de Todos en relación al escándalo por el subsidio al pastor Héctor Bonarrico.
Se trata de 18 millones de pesos que el Ejecutivo local habia pactado darle al exsenador y que quedó trunco luego de que escalara la polémica. No obstante, en la Justicia persiste la investigación pertinente impulsada por el PJ local.
De acuerdo al Artículo 109 de la Constitución provincial, “El gobernador de la Provincia y sus ministros, el vicegobernador, los miembros de la Suprema Corte y el procurador de ésta, son acusables en juicio político ante la Legislatura por mal desempeño, desorden de conducta, faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes (….)”.
“Toda acusación contra un funcionario sujeto a juicio político por la Legislatura, deberá presentarse a la Cámara de Diputados, donde se observarán los trámites y formalidades siguientes. 1 – La acusación se hará por escrito, determinando con toda precisión los hechos que le sirvan de fundamento. 2 – Una vez presentada, la Cámara decidirá por votación nominal y a simple mayoría de votos, si los cargos que aquella contiene importan falta o delito que dé lugar a juicio político. Si la decisión es en sentido negativo, la acusación quedará de hecho desestimada (…)”.
De esta manera, al ser sometido a votación nominal, el pedido resultó rechazado por 30 votos contra 18, de los bloques FdT, Partido Verde y Protectora. Como consecuencia, la solicitud fue archivada.
La puja sigue en la Justicia
Como publicó Diario Mendoza Today, el Partido Justicialista de Mendoza se constituyó en querellante para acelerar la causa contra Bonarrico, el gobernador Rodolfo Suarez, el ministro Ibáñez y el intendente de Godoy Cruz Tadeo García Salazar, entre otros.
El Consejo Partidario peronista le dio orden a su apoderado, el abogado Carlos Blanco, para que forme parte activa de la causa e intente acelerar la investigación para que los mendocinos y las mendocinas puedan conocer lo antes posible la verdad de los acontecimientos.
La presente constitución de querellante particular conforme a lo establecido en los arts. 10, 103, y 104 la Ley 6730, toda vez que los Señores Héctor Hugo Bonarrico, Rodolfo Suarez, Víctor Ibañez y Tadeo García Zalazar fueron denunciados por investigación de un hecho que puede conducir a los delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, en su carácter de funcionarios públicos, y de lo que resulta investigado también el Sr. Eduardo Erario.
La causa, caratulada “F. c/ NN p/ Defraudación Agravada por fraude en perjuicio de la Administración Pública”, se inició tras la denuncia presentada por la senadora Nacional Anabel Fernández Sagasti, luego de conocida la confesión del propio Bonarrico, quien admitió haber recibido una cuantiosa suma a nombre de su ONG para bajar su candidatura, además de apoyar al Ejecutivo en algunos proyectos de ley en la Legislatura.
